El Juzgado de Paterna se personó en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber la semana pasada para proceder al embargo de bienes municipales por valor de 700.000 euros y ejecutar de esta manera la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Suprior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ CV) que condenó al consistorio por una retasación urbanística ilegal. El equipo de gobierno del PP pidió diez días para facilitar el listado de bienes embargables.
La sección primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló el acuerdo del pleno del ayuntamiento celebrado el 27 de octubre de 2005 por el que se aprobó la retasación de cargas en un PAI. El tribunal desestimó parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el consistorio y el agente urbanizador Masaselicas SL contra la sentencia condenatoria del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Valencia.
La valoración del coste de la retasación fue de 474.816, 07 euros más 140.000 euros de intereses
Los hechos se remontan al año 2001 cuando el ayuntamiento aprueba provisionalmente el Programa de Actuación Integrada del Sector 1, adjudicándose a la mercantil Masaselicas SL la condición de agente urbanizador. En el movimiento de tierras salió a la luz un vertedero que permanecía oculto, lo que supuso un incremento de los costes del PAI, lo que obligó una retasación de las cargas a repartir. El agente urbanizador argumentó que ese aumento obedecía a causas objetivas sobrevenidas. La mercantil Rutima SL, una de las propietarias del solar, se opuso y el tema acabó en los juzgados.
Plataforma por San Antonio de Benagéber señaló ayer que «la primera sentencia condenatoria al ayuntamiento¡ de 2008 fue recurrida por el servicio jurídico municipal. En diciembre de 2012 el TSJ desestimó el recurso y condenó al ayuntamiento a la devolución de las cuotas de urbanización del sector T1 y el pago de intereses y costas. Desde ese momento nuestro grupo ha presentado en pleno cuatro mociones pidiendo explicaciones y que se proceda inmediatamente contra el agente urbanizador causante del sobrecoste de retasación».
Plataforma denuncia que el PP se negó a debatir su cuarta moción sobre el tema. «El alcalde se limitó a decir que, de tener que pagar, se hará con terrenos municipales y que eso no cuesta dinero a los vecinos. Pero eso es incierto ya que perder terrenos es perder patrimonio municipal. Además afectará al desarrollo de los barrios que pierdan ese terreno público y a su posible uso dotacional futuro».
