El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Paterna impulsó y aprobó en el último pleno, con el respaldo de toda la oposición formada por PSPV, EU y Compromís,una moción en la que instaba a la Generalitat Valenciana „de su mismo color político„ a que no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anulaba el copago impuesto por la Conselleria de Bienestar Social a mayores y discapacitados por su atención en residencias.
La aprobación de esta moción y el hecho de que fuera llevada al último pleno ordinario de octubre directamente desde el PP sentó bastante mal en la dirección regional del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, que por dos veces llamó a capítulo a miembros del equipo de gobierno, incluida la alcaldesa Elena Martínez, para pedir las correspondientes explicaciones.
El fallo daba la razón al recurso presentado por el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que dada la «gravedad de las actuaciones de la conselleria y el daño que está provocando a miles de personas con discapacidad en sus posibilidades de vida autónoma y el ataque que supone a las familias» instó al pleno de Paterna para que reclamara al Consell que no recurriera la sentencia y se sentara a «negociar con los representantes del sector para consensuar la normativa que debería regir, si es que debe existir, para este repago».
