Isabel Cabrera, una octogenaria analfabeta que ha trabajado toda su vida en labores agrícolas en su huerta de Mislata, adquirió en 2009 800.000 euros en obligaciones subordinadas tras vender todas sus tierras. Tiempo después, al descubrir que los empleados de la sucursal bancaria, a los que conocía desde hace años, le habían engañado y que ni mucho menos se trataba de un plazo fijo, como ella creía, la mujer demandó a la entidad bancaria. El Juzgado de primera Instancia número uno de Quart de Poblet le ha dado la razón y condena a la entidad bancaria a devolver a la demandante los 602.064 euros que le restaban por recuperar.
Lo anecdótico del caso es que durante el juicio celebrado hace unas semanas la subdirectora de la sucursal, que acudía como testigo, le entregó una tarjeta a la pareja de la demandante para que reingresaran el dinero de la indemnización en el mismo banco al que habían demandando. Todo ello apenas minutos antes de declarar en su contra para evitar devolver la importante cuantía que la anciana había invertido en subordinadas, una muestra más de las prácticas abusivas de los bancos en la captación de clientes.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, se considera probado que la octogenaria «no conocía el verdadero alcance del negocio jurídico» al adquirir las obligaciones subordinadas en junio de 2009, lo que supone «un incumplimiento de la obligación legal de informar del banco». De hecho, se hace hincapié en que la demandante tenía más de 80 años, que nunca ha trabajado por cuenta ajena y que no sabe leer ni escribir, al igual que su pareja. «Su experiencia bancaria siempre se ha circunscrito al ahorro por medio de productos sin riesgo en los que se aseguraba el capital depositado», añade el juez.
Hasta tal punto llegaba la confianza que la mujer tenía en el banco para que le gestionaran sus ahorros que el director de la oficina llegó a ir a su domicilio para que firmara unos documentos relacionados con estas subordinadas. Incluso le abrieron un plazo fijo un sábado, cuando la sucursal estaba cerrada, para cancelarlo tan sólo un día después justo antes de suscribir las obligaciones subordinadas, según destacan fuentes de Latorre y Martorell abogados, despacho jurídico que defendió a la anciana.
Finalmente el juez ha estimado la demanda y ha declarado la «nulidad de contrato por lo que condena a Bankia a reintegrar 602.064 euros a la demandante más los intereses legales correspondientes desde junio de 2009.
La sentencia recuerda que «las obligaciones subordinadas son un producto complejo con riesgos superiores a los de una cuenta o depósito tradicional, por lo que el perfil del inversor de este tipo de productos debería ser un inversor especializado y con conocimientos financieros, e invertir siempre cantidades ahorradas que el cliente se pueda permitir».
