La alcaldesa popular de Torrent, Amparo Folgado Tonda, acudió ayer al edificio de los juzgados a prestar declaración tras ser imputada por delito de prevaricación administrativa. La empresa que gestiona desde hace diez años el polideportivo Parc Central interpuso una denuncia penal contra toda la junta de gobierno por los acuerdos tendentes a quitarle la concesión, por la que se ha imputado a un total de nueve concejales.
La mandataria, al igual que los ediles Pilar Vilanova, Enrique Carratalà y José Gozalvo, llegó al juzgado a las 9.30 horas y estuvo más de tres horas dentro del edificio aunque, según su propio testimonio, la declaración puramente dicha apenas duró unos 30 minutos. Folgado y el resto de ediles han contratado al afamado penalista Javier Boix, que ha defendido casos como el de Francisco Camps, Rafael Blasco o Carlos Fabra.
Durante su declaración, fuentes del caso indican que defendió que todos los acuerdos que adoptó la junta de gobierno estaban avalados por informes técnicos y jurídicos, y que las decisiones pretendían defender los intereses de los vecinos de Torrent. Otras fuentes han explicado que en algunas de las preguntas se acogió a su derecho de no declarar. «Estoy muy tranquila. Ha ido todo bien y he dicho lo que tenía que decir y lo que he defendido este tiempo», manifestó tras la declaración.
El inicio de la crisis con la empresa gestora arranca del impago del canon anual de 2013, que asciende a 240.000 euros. La firma ha argumentado la imposibilidad de mantener ese precio, como figura en el contrato de 2004, dada la bajada de ingresos y la pérdida de clientes. También la firma pidió en su día que los clubes locales pagaran por el uso de las instalaciones porque sus horas de entrenamiento y competiciones excedían el máximo para este fin.
Episodio tenso en enero de 2014
Durante las negociaciones por ambos asuntos, se produjo el episodio más tenso, en enero de 2014, cuando la concesionaria impidió la entrada a estos clubes, lo que provocó un enfrentamiento directo con la alcaldesa y el edil de Deportes, Enrique Carratalà. El asunto se resolvió con la vuelta de estas entidades deportivas locales a Parc Central pagando las tarifas, aunque el consistorio les reembolsa mensualmente el dinero.
En mayo, el consistorio volvió a expedientar a la empresa por colocar presuntamente nueva maquinaria que obstaculizaba las salidas de emergencia y por no acometer obras urgentes para un campeonato.
Finalmente el ayuntamiento inició el procedimiento para rescindir el contrato alegando la acumulación de dos faltas graves, documentadas en los correspondientes expedientes y recurridos por la empresa en contenciosos-administrativos.
