El Ayuntamiento de Gandia tendrá que indemnizar económicamente a la empresa Becos, propietaria de la discoteca Cocoloco, por haber obligado a su clausura a raíz de una modificación del PGOU que prohíbe discotecas en la primera línea de la playa. Primero se pensó, como aseguró el Gobierno local y la propia empresa de la discoteca, que el cierre de ese local, ocurrido en febrero de 2013, fue fruto de un acuerdo entre ambos y que no le iba a costar dinero al consistorio. El alcalde, Arturo Torró, pronunció entonces su repetida expresión, «a coste cero» cuando salió a anunciar esta medida. Después se reveló la existencia de un contrato, firmado antes del cierre, mediante el que la empresa municipal Iniciatives Públiques Gandia (IPG) compró por 914.000 euros cinco solares que la empresa Becos tenía en el sector urbanizable situado alrededor del Club de Tenis.
Y ayer se confirmó definitivamente que, a esa cantidad por las parcelas, habrá que sumar una indemnización por el cierre, dado que la empresa, lejos de haber acordado esa acción de forma amistosa, presentó un requerimiento por el que exige al ayuntamiento dos millones de euros en concepto de daños y perjuicios.
El portavoz del Gobierno local, Víctor Soler, aclaró ayer que tiene la convicción absoluta de que no serán dos millones lo que se tenga que pagar a Cocoloco, «sino lo que quede estipulado en un informe municipal que redactarán técnicos expertos en este tipo de litigios». Soler destacó que se cerró la discoteca más famosa de la playa de Gandia para poner fin a la gran cantidad de quejas que planteaban insistentemente quienes residen en los alrededores.
Pleno y polémica política
Como era de esperar, la llamada «operación Cocoloco» ha acabado generando polémica política y puede que llegue a los tribunales. Para hoy está convocado un pleno extraordinario en el que, a propuesta de los dos grupos de la oposición, el Gobierno local está llamado a dar explicaciones y detalles sobre todo lo acontecido en el cierre de la discoteca.
El portavoz socialista, Vicent Mascarell, ya avanzó que su grupo se sintió «engañado» porque votaron a favor del proceso administrativo que desembocó en el fin de Cocoloco confiando en las palabras del alcalde, quien señaló que no le iba a costar dinero al ayuntamiento y que respondía a un acuerdo con la empresa propietaria, por lo que los socialistas supusieron que no habría demandas de indemnización.
