La sala tenía preparada el pasado sábado una fiesta por todo lo alto para festejar el décimo primero aniversario de su nacimiento. A última hora de la tarde del viernes, sin embargo, los responsables de Apache comunicaron a sus seguidores que el evento no podía celebrarse en su «espacio natural» por «razones de tipo meramente burocrático». Agentes de la Policía Local habían precintado la actividad del complejo. Mediante un decreto de alcaldía firmado el jueves, el propio Alfonso Rus dio la orden al Jefe de la Policía: una medida de urgencia para impedir el acceso de público al local.
Fuentes municipales recalcan que el consistorio había advertido con antelación a la discoteca de los informes técnicos que determinaron que el recinto carecía de licencia, al caducar la obtenida en su anterior periodo de funcionamiento. Tras un parón de varios años, el 22 de noviembre Apache reabrió sus puertas «de forma ilegal», según consta en las resoluciones a las que ha tenido acceso este diario. Esa misma noche, la policía levantó acta y la corporación dio parte de los hechos a la Conselleria de Gobernación. Las mismas fuentes reiteran que la empresa «estaba advertida» de que la sala carecía de autorización debido a que no había adoptado «las medidas preventivas y correctoras» exigidas para adaptarse a la normativa de espectáculos y ruidos. Pese a ello, sostienen que desoyó la prohibición.
Como informó Levante-EMV, la popular discoteca de Xàtiva regresó a la actividad hace dos meses después de tres años de silencio, en unas instalaciones reformadas y con la intención de ofrecer solo una media docena de sesiones al año. La más reciente estaba programada el sábado 24 de enero, tradicional cita en el calendario de sus adeptos.
Una vez anunciado el evento y amplificada su difusión, el consistorio comunicó a la empresa la «prohibición expresa» de celebrarlo en el local, muy próximo a una residencia de ancianos. Un decreto del alcalde previo a la orden de precinto de la actividad advirtió a la firma de que, en caso de desobedecer la comunicación, se enfrentaría a una multa de 30.000 a 60.000 euros por una falta «muy grave» prevista en la ley.
Solo para «uso privativo»
Apache mantuvo la ubicación el evento hasta que, el viernes a las 20 horas, emitió un comunicado para informar del traslado de la fiesta proyectada a la discoteca Kuo tras recibir la resolución municipal, que únicamente permite al propietario efectuar «un uso privativo, sin concurrencia pública» de la instalación.
