En estado ruinoso, totalmente abandonado y con las entradas principales tapiadas para evitar que nadie pueda acceder al interior. Así se encuentra un bloque de 24 viviendas sociales propiedad del Consell, ubicado en la calle Severiano Goig del barrio de l'Alquerieta de Alzira. Mientras esto sucede, cerca de 90 familias de escasos recursos de la localidad permanecen en lista de espera para obtener una casa de titularidad municipal.
A esta situación, denunciada este viernes por el PSOE, se añade el dispendio que para las arcas municipales supone la ejecución del plan Alzira Social, a través del cual, según los socialistas, el consistorio lleva invertidos 600.000 euros en la expropiación y rehabilitación de casas -en su mayoría propiedad de los bancos-, que después son cedidas a personas necesitadas. Sólo se han entregado tres de las alrededor de 48 previstas y en el último pleno la alcaldesa, Elena Bastidas, a preguntas de Esquerra Unida, anunció que en breve se darán otras tantas, aunque fuentes consultadas por este rotativo cifran sólo en dos las nuevas, puesto que una de ellas ya fue concedida anteriormente y ahora la familia beneficiaria ha renunciado a seguir habitándola «por problemas de convivencia», según denunció el PSPV, versión que desmintió el ayuntamiento.
Iniciativa en les Corts
Los socialistas critican que el gobierno local gaste esa cantidad de dinero comprando casas a las entidades financieras -a las que acusan de ser las causantes de la crisis- y exigen a la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente que rehabilite el bloque de l'Alquerieta con fondos propios para que el consistorio pueda destinar esos recursos a otro tipo de políticas sociales. Al respecto, el diputado del PSPV Francesc Signes ha anunciado que presentará en la cámara autonómica una iniciativa para que la Generalitat restaure inmediatamente la finca y se aloje en ella a familias que lo necesiten.
Por otra parte, la candidata socialista a la alcaldía, Isabel Aguilar, propuso ayer que en vez de expropiar viviendas a los bancos, se llegue a acuerdos con promotores y constructores para que las 400 viviendas vacías de nueva construcción que calcula hay en la ciudad puedan entrar a formar parte de una bolsa de alquiler social, de modo que las familias con menos recursos de la capital comarcal tengan la opción de acceder a uno de esos inmuebles mediante el pago de 50 euros.
