Si no sale a la luz es como si no existiera. Y esto es, más o menos, lo que ha ocurrido con los desahucios en la comarca de la Safor. En 2012 hubo decenas, muchos de ellos se hicieron públicos gracias a la acción reivindicativa de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH). Cuando en mayo de 2013 el Gobierno de España aprobó una moratoria que permitía a familias en proceso de desahucio quedarse en sus casas durante dos años si no tenían otro lugar en el que cobijarse, algunos auguraron que el asunto se calmaba durante un tiempo.
Solo lo parecía, porque la realidad fue muy distinta. Numerosos miembros que forman parte de la PAH no han dejado de trabajar y de reivindicar en este tiempo porque tampoco han cesado los dramas de decenas de familias que se han visto abocadas a perderlo todo. De la moratoria del Gobierno apenas se han beneficiado en los municipios de la comarca de la Safor el 15% de los afectados, aunque también es cierto que muchos desahucios se han evitado por las negociaciones con el banco.
En este contexto, y según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a los que ha tenido acceso este periódico, el goteo de familias que han perdido y perderán su vivienda por no poder hacer frente a la hipoteca no cesa. Así, a lo largo de este año 2015 habrá en la comarca de la Safor más de 250 ejecuciones hipotecarias ordenadas por los juzgados de Gandia y Sueca. La mayoría de las órdenes de los jueces vendrán auspiciadas a instancias de la entidad bancaria con la que el cliente suscribió la hipoteca en su día y supone el paso previo al lanzamiento al no poder hacer frente a las mensualidades. Muchas de estas ejecuciones acabarán en desahucios si las negociaciones con los bancos, o la presión popular, no lo impide antes.
Aproximadamente, y según los datos que maneja la PAH, en la actualidad se siguen firmando en los juzgados de Gandia una media de entre dos y tres desahucios cada día. Los datos conocidos actualmente no son ni mucho menos definitivos, ya que a medida que pasen los meses se irán conociendo nuevas subastas en los distintos municipios de la comarca de la Safor que, detrás, esconden el drama de una persona, o generalmente una familia, que se va a quedar sin su casa.
Pese a que la famosa y criticada moratoria impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy vence el próximo 15 de mayo, lo cierto es que desde principios de enero se han producido, solo en la ciudad de Gandia, más de una veintena de ejecuciones hipotecarias, y para los meses posteriores hay previstas más de 70 en esta misma ciudad.
Pocos municipios se salvan. Además de en Gandia, hay ejecuciones previstas en Oliva, Tavernes de la Valldigna, Simat, Benifairó, Beniflà, el Real de Gandia, Castellonet de la Conquesta o Almoines, entre otros.
Todas estas cifras corresponden solo a viviendas. Si se suman las que afectan a plazas de aparcamiento o locales comerciales los datos de lanzamientos hipotecarios son mucho más escandalosos, dado que superan los 300 en este primer mes del año.
La relación que este periódico ha podido obtener del informe del CGPJ solo llega hasta el mes de septiembre, por lo que es de esperar que 2015 finalice con un elevado número de desahucios en la comarca, un goteo que se estima superior una vez se supere el fatídico 15 de mayo. La superación de la crisis, en este drama diario de tener que irse de casa, está muy lejos de vislumbrarse.
La situación social sigue siendo muy preocupante, y más cuando se prolonga en los años una situación de impago que no ha podido frenar la Administración porque en el origen de todo está la falta de trabajo que impide a las familias ingresar dinero y hacer frente a la hipoteca que suscribieron.
Algunos ayuntamientos han tomado cartas en el asunto. Aunque no se llega a todos los casos, ciudades como Gandia, Oliva o Tavernes han puesto en marcha iniciativas que sirven para que al menos aquellas familias en una situación más extrema, como los casos en que hay menores o discapacitados, no lleguen al punto de tener que dormir en un coche o en la calle. La capital , por ejemplo, tiene abierta una oficina de mediación, ha logrado que varias familias puedan quedarse en sus viviendas pagando un alquiler social y ha puesto a disposición de algunas otras pisos de titularidad municipal. Oliva, por su parte, ha recibido una decena de viviendas de bancos para poder destinarlas al alquiler social, y Tavernes tiene pendiente adjudicar diez viviendas que recibió de la Generalitat y que ha rehabilitado para acoger a familias en riesgo.
