El Ayuntamiento de Sueca aprobó el jueves, por unanimidad de todos los grupos municipales, desposeer a la empresa Franjuan de la condición de agente urbanizador en tres Programas de Actuación Integrada (PAI) cuyas obras están paralizadas desde hace unos años. En la sesión plenaria se acordó apartar a la mercantil por incumplimiento del contrato en los tres casos: Sector C-8, y las unidades de ejecución UEC-14 y UEC-7. Los dos primeros son lindantes y constituyen una sola obra a efectos prácticos, que discurre junto al Camí de Riola, en cuya zona estaba previsto ubicar el futuro Palacio de Justicia y el nuevo cuartel de la Guardia Civil. La UEC-7, por su parte, afecta a los terrenos donde se encontraban los antiguos almacenes de Pascual Hermanos.

La decisión conlleva además la incautación de las garantías depositadas en su día por la constructora a través de avales. Estas cantidades ascienden a 717.000 euros entre las tres obras (501.000, 106.000 y 110.000 euros). Después, una vez realizada la liquidación económica de cada uno de los sectores, la intención es iniciar un nuevo expediente con el objetivo de licitar de nuevo los trabajos, de modo que «el nuevo urbanizador asuma las obligaciones no cumplidas del anterior, afectando los bienes y recursos resultantes de la liquidación cancelada a ejecutar las obras que falten hasta finalizar totalmente los trabajos de urbanización», según las resoluciones aprobadas.

Descontento con el consistorio

En el caso del C-8 y UEC-14, las obras que se ejecutaban simultáneamente están paralizadas desde finales de 2010, excepto algunos trabajos menores que se realizaron en abril de 2011. Lo construido alcanza el 35 % del total. En este sentido, el gobierno local denuncia que la urbanizadora no cumplió con los plazos estipulados. Los trabajos que comenzaron en enero de 2010, debían haber concluido en julio de 2011, cuando vencían los 18 meses previstos para su ejecución. Además, el consistorio alega que otro de los incumplimientos de la firma es que no abonó algunos saldos creditores a los propietarios antes de iniciar las obras. Parcelistas afectados han mostrado su insatisfacción en reiteradas ocasiones porque entienden que el ayuntamiento no ha velado lo suficiente por defender sus intereses.