Pilar Gil tiene 77 años y es vecina del barrio del Empalme de Burjassot. Vive en el segundo piso de un bloque de viviendas sin ascensor junto a las vías de la línea 1 de Metrovalencia, a menos de cinco metros. La Conselleria de Infraestructuras previó el soterramiento de este tramo de vía férrea en la barriada para 2010 con el fin de mejorar la calidad de vida del vecindario y el pueblo en general. Pero, a fecha de hoy, «los raíles del tren siguen a la vista» después de cinco años. Desde el balcón de casa Pilar se puede ver la obra de un túnel para el metro ya terminada. «Solo falta la conexión de las vías subterráneas con las de superficie», observó Pilar. «Allí abajo hay enterrados millones de euros a la espera de que sirvan para algo», añadió.
Pero esta mujer del Empalme, viuda, no se dirigió a Levante-EMV para expresar su preocupación por los proyectos que «los políticos» no son capaces de llevar a cabo dentro del plazo al que se comprometieron con sus conciudadanos. Pilar es madre de Javier, un hombre de 40 años con un grado de discapacidad intelectual y física del 92%.
«Mi hijo no puede andar ni sabe hablar, le han de cambiar la ropa y darle la comida, ni siquiera sabe beber agua con un vaso porque lo rompe; pero puede beber con una cuchara, y ríe, y es el más guapo del mundo», explicó. A sus 40 años, Javier «necesita que alguien, con mucha paciencia, le lave la cara o le anude el cordón de los zapatos».
Desde hace casi una década Javier está ingresado en la residencia Nuestros Hijos, ubicada en el barrio Baladre del Port de Sagunt. Vive allí y su madre lo visita, como mínimo, tres veces a la semana, lunes, martes y jueves. Este centro, perteneciente a la Conselleria de Bienestar Social, está especializado en la atención a personas con una discapacidad psíquica muy elevada, con porcentajes de minusvalía que oscilan entre el 65 y el 99 %.
Además del cuidado que recibe en la residencia, Javier percibe una prestación económica por invalidez de 550 euros mensuales que administra su madre, ya a punto de cumplir 78 años. Los hará en mayo. «Esta paga venía muy bien para los gastos de Javier en ropa, calzado, peluquería, aseo, ortopedia y manutención de la silla de ruedas, entre otros menesteres», señaló Pilar. Asimismo quiso subrayar que el dinero para sufragar estas necesidades «no lo subvenciona la Generalitat, lo cubría la paga de mi hijo».
Lo cubría. Desde el pasado 1 de enero, Javier empezó a abonar a la Conselleria de Bienestar Social «una tasa de 475 euros por servicios de atención social». De su prestación restan, por tanto, 75 euros para todo el mes. Esta cantidad y la ayuda que aporta su madre, que cobra pensión de viudedad. A Pilar le ingresan 634 euros mensuales con los que debe afrontar prácticamente todos los gastos que Javier se costeaba con su nómina, además de los propios como «los recibos del agua y la luz» de casa o «los desplazamientos a la residencia de Sagunt», por citar algunos ejemplos. «Apenas me queda poco más de 200 euros para vivir al mes», aseguró. La «tasa social» de la administración autonómica ha supuesto una merma muy importante para el poder adquisitivo de Javier y de su madre. Pero «por encima de todo está mi hijo».
