El Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Madrid ha estimado la impugnación formulada por el vecino de Xàtiva a quien hace un año el Tribunal Constitucional denegó la asistencia jurídica solicitada en el marco de un recurso de amparo que Marian Popa quiso interponer contra la sentencia que lo condena a desembolsar 135.000 euros a un banco por una hipoteca impagada. El vecino, de nacionalidad rumana, sufrió el embargo de su vivienda tras quedarse sin trabajo, al año y medio de haberse mudado a vivir en ella. Desde ese momento, se embarcó en una odisea y ha ido transitando por casi todos los estamentos judiciales en busca de una resolución favorable. Aunque Marian amontona más de una quincena de denuncias y quejas a diferentes organismos como el Defensor del Pueblo o el CGPJ, hasta ahora ninguna ha prosperado, mientras los pagos lo van «asfixiando» poco a poco. En ese camino, el vecino recaló en el Constitucional. Pero cuando acudió a Madrid a denunciar la vulneración de sus derechos, un obstáculo se interpuso: a pesar de sus ínfimos recursos, el tribunal le denegó el acceso a la justicia gratuita
La resolución, que el afectado recurrió, fue revocada hace escasas semanas, en un fallo que pasa por ser la única buena noticia que Marian ha recibido en meses.
