Dos semanas después de que Manuel Álvaro, denunciase la hasta ayer concejala de UPPA, Mamen Peris, por prevaricación en relación al vídeo de Egusa, el PP de Alboraia ha presentado otra querella contra Peris; en esta ocasión por falsedad documental presuntamente cometida cuando era regidora de Hacienda en 2012. Según han denunciado los populares esta mañana, Peris habría incluido entre las facturas remitidas al Gobierno para que las incluyera en el Plan de Pago a Proveedores, el abono de 587.709 euros a la antigua concesionaria del agua por los intereses y costas judiciales del contencioso que la empresa mantuvo con el ayuntamiento por la deuda de la contrata. Un contencioso iniciado, por cierto, por la deuda de 1,17 millones que contrajo el gobierno de Manuel Álvaro con Omniun Ibérica SA y que éste perdió.
«El PP responsabiliza a Peris del presunto quebranto creado en las cuentas municipales mediante la posible falsificación de facturas y su inclusión en el procedimiento de pago, cuando el ayuntamiento se habría ahorrado por completo estas cantidades si se hubiera actuado según las normas del Ministerio», señalaba ayer el partido.
Sostienen los populares que, siendo responsable de Hacienda, Mamen Peris incluyó «dos facturas inexistentes» en la relación de facturas pendientes de pago a proveedores que remitió al Gobierno: una de 237.709 euros por los intereses, y otra de 350.000 euros de las costas. Y lo hizo así porque las condiciones del plan establecían que no se podían incluir allí «intereses, costas judiciales o cualesquiera otros gastos accesorios». Es decir, según el PP de Alboraia, al no poder incluir esos dos conceptos en los préstamos del Gobierno, los habría hecho pasar como servicios facturados «e incluso otorgándoles una numeración inexistente», asegura la querella.
«El Plan de Pago establecido por el Ministerio de Hacienda establecía con claridad la prohibición de pagar intereses y/o gastos judiciales y la obligación para los proveedores de no reclamarlos por ninguna vía, debiendo renunciar expresamente a este punto para cobrar las facturas adeudadas», señalaba ayer el PP en un comunicado. «Sin embargo, la anterior concesionaria municipal de agua potable y alcantarillado cobró cerca de 600.000 euros (cantidad a la que debía renunciar para poder acogerse al Plan), al incluirse en la relación telemática presentada al Ministerio por indicación - presumiblemente - de la entonces edila de Hacienda», añade la formación. Recuerda además la querella que las facturas fueron incluidas en la relación enviada al Ministerio de Hacienda pese a que los técnicos municipales alertaron de la posible irregularidad.
