Soledad Valenciano tiene 94 años y, desde los 87, sufre un Alzheimer severo que la ha convertido en una gran dependiente. La Conselleria de Bienestar Social le reconoció en 2013 esta condición al concederle un grado tres (el máximo) con carácter permanente y, sin embargo, aún no le ha entregado ni un euro de los que le corresponden por la Ley de Dependencia, algo que sus hijos han denunciado reiteradamente ante el Síndic de Greuges.
«La última vez que llamamos a la conselleria para saber si por fin iban a pagar —cuenta Dori Ramírez, una de sus hijas— nos contestaron que aún estaban con las resoluciones de 2013, lo que significa que mi madre se morirá antes de ver un euro de ese dinero, que es suyo por ley, ni más ni menos». De hecho, su padre, Juan Ramírez, estaba en la misma situación que su esposa (también tenía reconocido un grado 3 con carácter permanente) pero el pasado mes de septiembre falleció «sin llegar a cobrar absolutamente nada de lo que le correspondía».
Y, mientras, han de ser los hijos de la pareja los que pongan «dinero todos los meses para colaborar en el mantenimiento» de la madre. Ninguno se niega a hacerlo, pero a todos les molesta la situación por «lo injusto» de ésta. «Es vergonzoso que a mi madre le corresponda una ayuda económica por ley y que, año tras año, se quede esperándola sin recibir ninguna explicación» por parte de la Generalitat, dice Mª José, otra de sus hijas.
Pero, si cabe, lo que les resulta «más indignante» no es eso, sino que «la conselleria tenga dinero para las empresas y no para los dependientes a los que se les cuida en casa». De hecho, aseguran ambas mujeres, «Bienestar Social hace ya tiempo que nos ofreció una plaza con carácter prioritario en una residencia», pero la familia la rechazó porque la anciana siempre había manifestado su disconformidad con entrar en un centro de estas características.
«Si tienen dinero para pagarle a la residencia —insiste Dori—, también deberían tenerlo para quien la cuida en casa, pero al parecer no es así», lo que les lleva a pensar que «sólo hay liquidez para las empresas y no para los ciudadanos».
Los inicios de la actual situación
Soledad Valenciano y Juan Ramírez llegaron en buen estado de salud a la vejez. Sin embargo, una vez rebasados los 85 años, ambos empezaron a mostrar comportamientos extraños. Tras diversas pruebas médicas, el diagnóstico, que ambos recibieron apenas con unos meses de diferencia, fue idéntico: Alzheimer.
Él «lo llevaba mal» porque la enfermedad «le hizo ponerse violento y muy nervioso», cuentan sus hijas. «Se pasaba toda la noche levantado y gritando y, cuanto más intentabas calmarlo, peor se ponía», recuerdan con pena. Su mujer, sin embargo, vive su dolencia «con tranquilidad», aunque «también necesita que alguien la atienda las 24 horas del día» porque «no come (a veces hay que darle el alimento con una jeringuilla), no camina y no hace nada por sí sola».
Mª José, una de sus hijas, tuvo que dejar su empleo cuando los padres enfermaron «porque alguien tenía que cuidarlos». Sus hermanos colaboraban con ella (aún lo hacen) «turnándose las noches y los fines de semana» para hacer frente a una dolencia «que exige cuidados constantes». Poco después, la familia solicitó la ayuda de la Ley de Dependencia y la conselleria concedió el máximo grado a ambos integrantes del matrimonio. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido (cuatro años de la petición y dos de la resolución), los hijos aún continúan aguardando a saber qué cantidad económica deberían percibir.
En el camino «se quedó» el esposo, Juan, «que ya jamás recibirá nada de lo que era suyo por ley» y, ahora, la lucha familiar se centraliza en Soledad. Aunque todas las consultas al Síndic de Greuges les dan razón e «incluso aboga por que la conselleria pague con efetos retroactivos» en el caso de Soledad, lo cierto es que los hijos se temen que su madre «también muera antes de llegar siquiera a cobrar un euro de la Ley de Dependencia».
