El Ayuntamiento del Puig de Santa Maria está en trámites de aprobar un «reglamento municipal de normalización lingüística» con el objetivo de «impulsar la recuperación del valenciano y fomentar su uso en todos los actos de la vida ciudadana», principalmente en el ámbito de la administración local. Por ello, este reglamento „que ha sido aprobado por el pleno y que actualmente se encuentra en fase de exposición„ incluye la obligación de redactar los documentos oficiales tanto en valenciano como en castellano, que los trabajadores municipales «tengan un nivel de conocimiento adecuado» de este idioma, y que el ayuntamiento fomente su uso. Además, el reglamento incluye la obligación de los «cargos políticos y administrativos» del consistorio a «expresarse preferentemente en valenciano en los actos públicos de nuestro ámbito lingüístico, cuando la intervención sea en razón de su cargo».

El alcalde José Miguel Tolosa (PP) „castellanohablante, aunque asegura que sabe «defenderse muy bien» a la hora de mantener una conservación en valenciano o usarlo «en presentaciones de fallas, fiestas, etcétera»„ justificó la necesidad de aprobar este reglamento en que «es una iniciativa interesante con la que pretendemos que las dos lenguas oficiales tengan el mismo valor». De momento, el regidor popular no contempla la creación inmediata de una Oficina d'Ús i Promoció del Valencià por razones «presupuestarias», aunque el reglamento también recoge la forma en la que deberá funcionaria una «agencia municipal» de promoción y uso del valenciano, e indica que los presupuestos deberán incluir una «consignación suficiente» para que se haga cumplir el reglamento.

Sobre el uso administrativo del valenciano, el reglamento indica que las convocatorias y actos de los órganos colegiados, así como las sesiones de pleno, junta de gobierno y comisiones, se redactarán en las dos lenguas oficiales, aunque las comunicaciones internas o las dirigidas al personal municipal, se harán «preferentemente en valenciano».

También establece el reglamento que cuando el consistorio encargue informes externos, estudios, trabajos o proyectos, «propondrá que sean entregados también en valenciano» y «preferentemente» se usará este idioma las comunicaciones y notificaciones de las partes de los expedientes administrativos. «Mientras no se pida otra cosa por los interesados, la expedición de certificados y testimonios se harán en valenciano», añade la normativa. También se ofrecerá la versión valenciana de los impresos y modelos oficiales que entregará el ayuntamiento, a no ser que alguien la pida expresamente en castellano. Eso sí, los impresos podrán ser cumplimentados en ambas lenguas.

En cuanto a las «relaciones institucionales» el reglamento obliga al ayuntamiento a pedir que la documentación que le remitan otras administraciones públicas de la Comunitat Valenciana esté redactada en valenciano, en cambio, el consistorio usará el castellano para dirigirse a administraciones o personas de fuera de la Comunitat, a no ser que lo pidan expresamente.

Establece también el reglamento que el personal municipal «tenga un nivel de conocimientos de valenciano adecuado». «Para conseguir este nivel, el ayuntamiento habrá de dotar al personal de los medios técnicos y facilitar el acceso a la formación», incluyendo la organización de cursos «dentro del horario laboral». Las oposiciones para personal municipal incluirán en el proceso selectivo una prueba de valenciano, que no tendrán que realizar los aspirante con el certificado oficial de la Junta Qualificadora o «equivalentes».