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El trabajador no alegó nada al expediente

El instructor del expediente informó que «se ha comprobado que existen irregularidades realizadas en la gestión del impuesto» de plusvalías y que «pudiera apreciarse una presunta falta que pudiera ser constitutiva de delito o falta penal». Rafael R. expresó su voluntad de contestar por escrito las preguntas del instructor, pero al final «no ha aportado manifestación alguna al expediente». Tras remitir el informe a la Fiscalía e iniciarse en el juzgado las diligencias de investigación penal, el ayuntamiento contrató una auditoría externa cuyos resultados se han ido entregando en sede judicial y, según asegura el alcalde, «ya demuestran que el agujero que habría ocasionado el recaudador en las arcas municipales ronda los 200.000 euros correspondiente al dinero que recibió en efectivo y que no ingreso o descuentos que realizó a algunos contribuyentes sin estar autorizado». v. c. foios

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