El juicio por el incendio que arrasó 9.000 hectáreas en l'Alcalatén arranca hoy tras 8 años de espera. El desgaste por el tiempo transcurrido que ha llevado a retirarse a 340 de los 400 propietarios inicialmente denunciantes, que finalmente han pactado una indemnización individual con la empresa acusada (Iberdrola), según fuentes de la Audiencia Provincial. La Fiscalía solicita desde 2011 la apertura de juicio oral y penas de 2 años y 6 meses de prisión contra 10 responsables de Iberdrola y la subcontrata Montelpa SL. Todos ellos están acusados de un delito de incendio forestal por imprudencia grave y se les requiere una multa individual de 8.400 euros.
El Ministerio Públicó solicita una indemnización de 9,1 millones de euros a Iberdrola, la subcontrata Montelpa SL, Peirats-García Asociados SL y sus compañías aseguradoras. Además, los mencionados 60 propietarios mantienen su querella y petición paralela de indemnización de 16 millones de euros.
La Asociación de Afectados por el Incendio de l'Alcalatén (2007) ya presentó ante el Juzgado de lo Penal Número 3 de Castelló un nuevo informe pericial para reclamar a Iberdrola 16 millones de euros de indemnización por el incendio que supuestamente provocó, según la Fiscalía, en agosto de 2007. La demora del proceso judicial ha sido ampliamente criticada por los municipios agraviados y la Asociación de Afectados por el Incendio de l'Alcalatén (2007) organizó el año pasado una recogida de firmas de socios solidarios para aportar al juez una nueva solicitud de restauración del paisaje devastado por el fuego y pedirle que desbloqueara la causa judicial. La asociación de afectados lamenta la lentitud de la Justicia y la paralización injustificada de la instrucción que consideran injustificada, dada la contundencia de las pruebas y de los informes periciales sobre el incendio que arrasó 9.000 hectáreas en 6 municipios (les Useres, l'Alcora, Llucena, Atzeneta del Maestrat, Costur y Figueroles). La compensación económica que reclama la Fiscalía (al margen de la que piden los propietarios) tiene como objeto retornar las pérdidas y costes que supuso el fuego para la Generalitat Valenciana (775.387 euros), la Diputación Provincial de Castelló (213.567 euros), la compañía Telefónica (49.438 euros), la Confederación Hidrográfica del Júcar (330.000 euros), el Ayuntamiento de Costur (854.151 euros), el Ayuntamiento de Atzeneta (857.571,15 euros), el Ayuntamiento de Figueroles (314.000 euros), el Ayuntamiento de Llucena (2,4 millones de euros y el Ayuntamiento de les Useres (3,4 millones). De forma complementaria, en los casos de Costur y Atzeneta el fiscal requiere que los acusados abonen la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los daños en fincas de titularidad municipal compuestas de matorral, pinos y encinas.
La Asociación de Afectados por el Incendio de l'Alcalatén (2007) estima que el incumplimiento de los 6 millones de ayudas públicas ha retrasado más la recuperación de la zona afectada y que los cultivos necesitarán un mínimo de 30 años para recuperarse. Los portavoces de la asociación explican que los terrenos de almendros o de olivos necesitan aproximadamente entre 30 y 35 años para recuperarse. Técnicos ambientales y científicos son más precavidos y retrasan la recuperación hasta los 60 años. Un periodo similar al que necesitará el monte salvaje para recuperar sus especies botánicas antes de que el fuego arrasara las 6.500 hectáreas en los seis municipios. Los propietarios afectados (más de 700, 400 de los cuales se asociaron en una plataforma de de la que sólo quedan 60 miembros) lamentan que la Generalitat haya incumplido sus promesas.
La Conselleria de Medio Ambiente dio por zanjadas en 2014 las ayudas a los afectados por el incendio de l'Alcalatén en 2007 -después de haber dejado perder 3 millones de euros del Gobierno central y de haber incumplido el pago de otros 3-. El Consell manifestó su confianza en que la zona forestal quemada «se regenerará de forma natural».
