Los procesos de investigación, multas y aplicación de penas por delitos medioambientales como la provocación de incendios forestales pueden llegar a demorarse más de 10 años. Una parálisis notoria si involucrada a grandes empresas o instituciones: la instrucción se ralentiza por los múltiples recursos o el laberinto de negociaciones entre aseguradoras y afectados, que terminan por aceptar compensaciones más bajas ante el miedo de no poder esperar al lento proceso judicial. Este caso se ha reflejado precisamente en dos de los incendios que sufren mayor retraso en la instrucción de la causa penal: el incendio de Espadà de 2003 y el de l'Alcalatén de 2007. En ambos siniestros, los informes del Seprona concluyen que la responsable del incendio fue la compañía Iberdrola.