Unión Popular de Nàquera (UPdN),cuyo cabeza de lista para las próximas elecciones municipales es Damián Ibáñez, actual alcalde, esgrimió ayer un informe jurídico que concluye que la Fundación Sierra Calderona «podría haber cometido un delito de malversación de caudales públicos». UPdN abogó en un comunicado público por extinguir una institución «que ha costado cerca de medio millón de euros a los naqueranos». Según relata el partido en el actual gobierno local, «la Intervención General de la Administración del Estado solicitó el pasado mes de noviembre a la Intervención Municipal un informe respecto a la situación de la Fundación Serra Calerona, que concluyó en abril de este año». El citado informe, añaden fuentes de esta formación, «pone en evidencia que desde su creación, ha sido financiada íntegramente con cargo a fondos municipales, detallándose que dichos ingresos no han sido justificados en modo alguno por la propia Fundación, a pesar de haber sido requerida expresamente en numerosas ocasiones». Así, desde el momento de su constitución y hasta el año 2011, indican en UPdN, «se transfirieron a dicha entidad por parte del ayuntamiento, sin justificación alguna del gasto, la cantidad de 393.443,82 ?».
La nueva corporación decidió en el pleno de julio de 2011 renunciar al cargo de patrono de dicha Fundación y no efectuar más transferencias a dicha entidad. En resumen, «actualmente el ayuntamiento ha abonado 474.817,14 ? con relación a la citada Fundación». Además de todo esto, es necesario resaltar que el popular Ricardo Arnal, fue simultáneamente miembro fundador y presidente de dicha Fundación y a la vez desempeñó el cargo de alcalde, y, por su parte, la secretaria de dicha Fundación era también una funcionaria municipal. Por todo ello, finalizan en la organización del alcalde, «el letrado considera que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de malversación de caudales, por los que considera que debería de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos para que realice las oportunas investigaciones, al existir una clara posibilidad de que se haya cometido un delito que afectaría gravemente a las arcas municipales, al objeto de que inicie, si lo estima procedente, las correspondientes diligencias de investigación penal». En este sentido, UPdN coincide con esta conclusión «y pondrá en manos de la Fiscalía este posible caso de malversación, como es su obligación legal». Además, UPdN aboga por extinguir este organismo, «vista su inactividad, su completa inoperatividad e inutilidad y la enorme cantidad de dinero gastados sin contrapartida alguna para los vecinos».
