La Oficina del Censo Electoral de Valencia, organismo dependiente del Instituto Nacional de Estadística (INE), incumplió la ley cuando, el pasado mes de febrero, impidió a un numeroso grupo de inmigrantes de Gandia que quedaran inscritos en la lista que da derecho a votar en las elecciones municipales que se celebran pasado mañana.
Tanto la actuación del INE como la del Ayuntamiento de Gandia en este caso fue contraria a derecho, lo que ha impedido que unas cincuenta personas extranjeras residentes en esta ciudad puedan ejercer el derecho al voto.
Así lo ha estimado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 de Valencia en una sentencia que pone los puntos sobre las íes y culpa tanto al INE como al Ayuntamiento de Gandia por no haber actuado correctamente para garantizar un derecho fundamental.
El caso de la sentencia es la de un ciudadano de Bolivia que el 15 de enero de 2015 acudió a las oficinas municipales del Grau de Gandia para presentar su solicitud de inscribirse en el Censo Electoral. Al ser Bolivia un país que permite a los españoles votar para elegir a sus alcaldes, este ciudadano también puede participar en las elecciones municipales en España. El hombre entregó sus documentos, pero no pudo recoger la copia registrada porque, según la sentencia, el alcalde de Gandia llamó a las funcionarias y obligó a cerrar el registro al considerar que esa inscripción era irregular. El consistorio no tramitó la petición para poder votar, por lo que el ciudadano denunciante ha quedado excluido del Censo Electoral. Muchos inmigrantes a los que le pasó lo mismo evitaron problemas, pero otros consideraron vulnerado un derecho fundamental y acudieron a la justicia.
Recurso administrativo
La sentencia no solo señala que el proceder de los inmigrantes fue correcto y que el ayuntamiento debió tramitar su petición al INE, sino también que este organismo incumplió la ley al no comunicar a los peticionarios que tenían derecho a una reclamación por la vía administrativa, lo que habría permitido una rápida resolución del conflicto planteado. Pero el INE solo les dejó abierta la posibilidad de presentar un recurso judicial, lo que hará que la mayoría de la decena de denuncias presentadas se resuelvan después de las elecciones del domingo, cuando el cumplimiento efectivo del derecho al voto será imposible.
La sentencia reprocha la actitud del INE y del Ayuntamiento de Gandia, y obliga a la Oficina del Censo Electoral de Valencia a que proceda «a la inmediata inscripción» del ciudadano boliviano.
