El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha revocado la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 por el que se anulaba el acuerdo de 2005 por la que el Ayuntamiento de Alboraia formó una empresa mixta para urbanizar miles de metros junto a la playa. El fallo del tribunal considera que las personas que recurrieron esta decisión no están legitimados para hacerlo al no haber acreditado su título de intervención en el proceso de selección del agente urbanizador o como la decisión tomada por el consistorio podría haberles perjudicado.
La empresa municipal Egusa licitó en 2005 un concurso de selección de socio único para el desarrollo urbanístico del sector UE-2 de Port Saplaya, que fue adjudicado en 2006 al Grupo Mediterráneo Costa Blanca, empresa que reunía a varios inversores privados y que ahora está en manos de la inmobiliaria Quabit. La unión entre Egusa y Grupo Mediterráneo dio lugar a Alboraya Marina Nova, pero el 28 de mayo de 2010 el contencioso estimó uno de los recursos presentados contra la licitación, al no haber sido esta objeto de publicidad comunitaria.
Esta sentencia ha sido ahora revocada al haber admitido la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, el recurso del ayuntamiento y de Egusa en el que advertía que los autores de la impugnación al acuerdo de constitución de Alboraya Marina Nova no habían acreditado que el mismo les hubiese perjudicado.
Así pues, con esta sentencia frente a la que no cabe recurso, la justicia da el visto bueno definitivo a la empresa mixta formada en 2005 pero cuya utilidad actual dista mucho del objetivo con el que la creó el gobierno local liderado entonces por Manuel Álvaro (PP). En 2006, la empresa Astroc, miembro de Grupo Mediterráneo, explicaba en un informe a sus socios que el objetivo de Alboraya Marina Nova «prevé la urbanización de 109.982 metros de suelo, de los cuales 75.407 son de propiedad municipal y serán aportados al capital de la sociedad conjunta, y los restantes 34.575 de propiedad privada serán adquiridos por la sociedad conjunta». El desarrollo de este Plan de Reforma Interior (PRI), que incluía embarcaderos, mil viviendas, un hotel y un auditorio, obligaba a trasladar el centro comercial Alcampo para dejar libre el suelo municipal sobre el que se levanta. Para ejecutar este traslado, el PP de Alboraia propuso reubicar el centro comercial en la huerta de Vera, pero esta posibilidad quedó anulada al declarar la Generalitat «zona de máxima protección» en 2008.
Así, sin sitio para trasladar el Alcampo y en plena crisis urbanística, el PRI de la Marina Nova quedó paralizado. El problema era que también en 2008 Grupo Mediterráneo adelantó al ayuntamiento 23,4 millones de euros en concepto de futuros beneficios del proyecto de la marina, dinero que el anterior gobierno del PP invirtió en pagar parte del soterramiento del metro y en gasto corriente.
Y así se llegó al 1 de enero de 2014 cuando finalizó el plazo para ejecutar el proyecto, y Quabit (propietaria de Grupo Mediterráneo) instó a que se rescindiera el contrato ante la imposibilidad de llevar a efecto el traslado del centro comercial. Quabit no se olvidó de que le había adelantado 23,4 milloens de euros al Ayuntamiento de Alboraia y pidió su devolución, incluso planteando un contencioso. El actual gobierno que preside Miguel Chavarría no cuenta con ese dinero, por lo tanto no lo puede reintegrar, y confía en llegar a un acuerdo con Quabit para no descartar la posibilidad de urbanizar la zona del litoral, aunque bajo parámetros mucho menos «agresivos» que los planteados en 2006.
Ayer, y en declaraciones a este periódico, el gerente de Egusa, Agustín Martí, aseguró que desde entonces la situación del proyecto y de la relación entre Quabit y Alboraia «no ha cambiado». Aún así, sí consideró que el último fallo del TSJ que da validez al convenio que vincula a la administración pública y la empresa, puede influir en esta relación, sobre todo en lo que se refiere a la devolución de los 23,4 millones. «No es lo mismo que los exijan siendo socios nuestros que siendo una empresa ajena», señaló Martí.
