La alcaldesa de Gandia, Diana Morant, del PSPV y los concejal de Més Gandia, Nahuel González y Xavi Ródenas, cambiaron ayer los despachos del ayuntamiento por la calle. Lo hicieron para dar apoyo a la Plataforma de Afectats per la Hipoteca (PAH) de la Safor Valldigna en su intento por detener el desahucio de Natalia, una mujer que vivía de alquiler con su hijo de tres años. Una vez más, lo lograron.
Ha sido un trabajo conjunto entre la plataforma y el ayuntamiento, algo que nunca se produjo durante la pasada legislatura. Los miembros del colectivo antidesahucios presionaron en los juzgados para tratar de evitar la familia tuviera que dejar ayer la vivienda.
La comisión judicial llegó a desplazarse ayer por la mañana hasta la puerta de la casa de Natalia. Lo hacía con la intención de desahuciarla. Como siempre en estos casos, una representación de la PAH se dirigió a hablar con ellos para indicarles que el grupo que estaba en la puerta de la vivienda, entre quienes se encontraba la alcaldesa, González, Ródenas y Daniel Martí, número dos de Ciudadanos Gandia, entre otros, no iba a retirarse. Ante la ausencia de agentes de la ley, la comisión judicial decidió suspender el lanzamiento.
De ese modo, la mujer gana tiempo para poder llevar a cabo el traslado de los muebles a su nueva vivienda, un piso propiedad de de IPG que ha puesto a su disposición.
No se recuerda ningún desahucio durante la pasada legislatura en la que estuviera presente el anterior alcalde de la ciudad, Arturo Torró. Bien es cierto que el ayuntamiento, negociando directamente con los bancos, logró detener varios lanzamientos, logrando alquileres sociales.
La alcaldesa Diana Morant y el edil de Més Gandia Nahuel González coincidieron en señalar que «tenemos una sensibilidad total sobre estas circunstancias y, como hemos hecho ahora, trataremos de buscar soluciones cuando se produzcan este tipo de emergencias sociales».
González explicó que la mujer cobraba unos 400 euros y que con ese dinero tenía que hacer frente a un alquiler de 300, por lo que le resultaba imposible pagar a la empresa propietaria del piso.
