El Ayuntamiento de Bellreguard ha desconectado y retirado la cámara del «semáforo rojo» que en los últimos catorce meses ha impuesto miles de multas a vehículos de todo tipo que atravesaban la carretera Nacional-332 a la altura de la plaza del Clot de l'Era, justo en frente de donde se encuentra el edificio consistorial. El dispositivo, instalado por la empresa Martínez Centro de Gestión, fue una idea del anterior Gobierno local del PP, con el alcalde Jaume Ascó a la cabeza, que los nuevos gestores municipales del PSPV y Compromís no han querido mantener. Según señaló ayer a Levante-EMV el nuevo alcalde, el socialista Joan Marco, el contrato con la empresa que gestionaba la cámara que detectaba las infracciones y tramitaba el cobro de las multas expiraba el pasado mes de abril, y su antecesor en el cargo lo dejó sobre la mesa para que fuera el gobierno elegido en las elecciones de mayo el que tomara la decisión sobre si renovarlo o suspenderlo.
Hace quince días Marco, de acuerdo con la decisión del nuevo equipo de gobierno, comunicó que no se renovaba el contrato y, en consecuencia, la empresa ya ha retirado el dispositivo con cámara que fotografiaba a los infractores que se saltaban el semáforo en rojo y les imponía la multa de 200 euros.
El alcalde socialista explica que durante la anterior legislatura tanto su grupo como el de Compromís presentaron mociones en el pleno para regular el funcionamiento de la cámara, al tiempo que expresaban sus dudas sobre la legalidad de la misma en el sentido de si el ayuntamiento es competente o no para poner multas en una carretera, la N-332, de la que es titular el Ministerio de Fomento y que, por lo tanto, la imposición de sanciones correspondería a la Guardia Civil de Tráfico. De hecho, algunas personas han recurrido las denuncias alegando que el ayuntamiento no es competente en esa sanción, y la Guardia Civil llegó a abrir una investigación sobre este polémico y rentable semáforo. El anterior alcalde, Jaume Ascó, consideró, basándose en informes jurídicos, defendía que dentro del casco urbano de Bellreguard el ayuntamiento sí era competente para controlar que los coches respetaban el semáforo en rojo en un punto como es la plaza del Clot de l'Era, que registra gran tránsito de peatones y en el que se han producido accidentes por atropello. Pero su sucesor, Joan Marco, interpreta que hay dudas legales y opta por retirarlo.
Marco ha pedido un informe sobre el número total de multas que se han tramitado durante los 14 meses de funcionamiento de la cámara y el dispositivo de «semáforo rojo», pero se estima que son miles las sanciones y que la recaudación ronda los 300.000 euros, una parte de los cuales iba a parar a la empresa que gestionaba el semáforo y la tramitación de las multas. Los datos facilitados en la anterior legislatura señalaban que uno de cada 25 conductores se saltaba el semáforo en rojo y ponía en riesgo la seguridad. De la misma manera, la inmensa mayoría de los sancionados no eran de Bellreguard, sino del resto de localidades de la Safor y municipios de media España.
