El Ayuntamiento de Gandia se convirtió, especialmente al final de la pasada legislatura, en una Administración que movía dinero público vulnerando la ley. Según datos que ayer reveló el gobierno local del PSPV y Més Gandia, durante el año 2014 y los seis primeros meses de 2015 Intervención pasó al alcalde de la ciudad, Arturo Torró, cinco mil reparos de legalidad a operaciones financieras cuyo montante total alcanza los 52,3 millones de euros. El pago a empresas, particulares, subvenciones y, sobre todo, las operaciones de trasvase de dinero a la empresa municipal IPG copan la mayoría de los reparos de legalidad. El interventor advirtió al exalcalde del PP de que sus órdenes en materia económica ponían en riesgo la sostenibilidad de la hacienda municipal. s. s. gandia
