La gestión en materia de seguridad ciudadana que el exalcalde de Gandia, Arturo Torró, llevó a cabo durante la pasada legislatura incluyó medidas polémicas, pero ninguna tan sorprendente como la compra de viviendas de familias «conflictivas» en las que se sospechaba que podían vivir delincuentes. En esas operaciones las familias afectadas se comprometían, por escrito, a recoger el dinero y sus bártulos y marcharse a vivir fuera de la ciudad. Así el problema de seguridad desaparecía de Gandia, aunque pudiera trasladarse a otro municipio.

Así ha quedado constatado a partir de uno de los contratos de compraventa, al que ha tenido acceso este periódico, en el que la propietaria de una casa en Beniopa la vendió por 46.000 euros en febrero de 2013. En el mismo momento del contrato, la mujer percibió un cheque de 15.000 euros, y el resto del dinero, hasta completar el total establecido, se abonó en los meses siguientes. Como tantas otras operaciones opacas del Ayuntamiento de Gandia, esta acción, y las que vendrían a continuación, se llevó a cabo a través de la empresa municipal IPG, cuyo Consejo de Administración se topó ayer con el contrato de compraventa.

En una de las cláusulas, la mujer vendedora manifiesta y rubrica con su firma la «voluntad de abandonar la vivienda para residir en otro municipio». Pero, por si acaso, el ayuntamiento incluye en ese texto que marcharse de Gandia «es una obligación inherente» que debe consumarse porque, de lo contrario, «el presente contrato no surtirá efectos plenos». Es decir, la compra de la vivienda quedaría anulada.

Esta operación se realizó en otros casos, no más de cinco según algunas fuentes, con viviendas del distrito de Santa Anna, donde también viven familias conflictivas, y para ello contaban con la participación de la Asociación de Vecinos, que ponía en conocimiento del alcalde de Gandia el «interés» de quienes pretendían vender su vivienda para que fuera la empresa municipal IPG la que se la comprara. El argumento es que así evitaban que otras familias conflictivas pudieran quedarse con la casa.

A partir del contrato al que ha tenido acceso este periódico, el exalcalde gandiense, Arturo Torró, señaló ayer que todo el proceso se hacía «de forma legal» y que así el ayuntamiento intentaba «colaborar» con los vecinos para erradicar focos de delincuencia en la ciudad.