Arturo Torró, exalcalde de Gandia y candidato del PP en las últimas elecciones, va a pasar a la historia por ser el primer político de la Safor que tendrá que pagar una multa por vulnerar reiteradamente la ley durante una campaña.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) acaba de imponer al líder del PP una sanción de 450 euros por cada uno de los siete actos cometidos durante la contienda para renovar la corporación municipal de Gandia que han sido calificados como constitutivos de infracción. En esa misma resolución, el juez se encarga de hacer la multiplicación y concreta a Arturo Torró que esas siete sanciones suman la cantidad de 3.150 euros.

En todos los casos, el líder del PP vulneró la ley usando dinero o recursos del Ayuntamiento de Gandia para promocionarse políticamente o para beneficiar a su partido político. Pero la multa se dirige a él mismo, de manera que el exalcalde tendrá que abonarla de su propio bolsillo.

Esta sanción se veía venir. Desde antes de que se iniciara la campaña electoral el gobierno local del PP, con Torró al frente, usó medios municipales para hacerse autobombo cuando la ley ya prohibía llevar a cabo esas acciones con el fin de garantizar la igualdad entre todos los partidos que concurrían a las elecciones.

Una tras otra fueron cayendo resoluciones de la JEZ. Se prohibió una reunión con vecinos y comerciantes para exponer sus planes para el viejo hospital de Gandia. Se ordenó suspender las campañas publicitarias pagadas con dinero del ayuntamiento que anunciaban una mejora de la limpieza, un plan de seguridad para que los niños no se pierdan y otra campaña para instalar detectores de humo y gas en las viviendas de personas mayores que viven solas. Y se ordenó al alcalde que ni se le ocurriera firmar, a pocos días del voto ciudadano, varios convenios publicitados a bombo y platillo para entregar dinero a asociaciones locales de carácter benéfico. Arturo Torró incluso pidió al PSPV, que había denunciado este hecho, que retirara la queja y así poder firmar los convenios, pero la JEZ reiteró que eso era ilegal, con o sin denuncia de por medio.

Para colmo de despropósitos, el viernes por la tarde, a 36 horas de que se abrieran las urnas, Arturo Torró y Guillermo Barber imprimieron con dinero público y repartieron por el distrito de Roís de Corella una carta con su propia firma anunciando a los vecinos que una o dos empresas se habían interesado por abrir una clínica privada en el edificio del viejo hospital. El PSPV acusó a Torró y al PP de «jugar sucio» en la campaña electoral y, pese a saber que no había tiempo para retirar esa carta, lo denunció ante la JEZ.

Pasadas ya las elecciones, y a la vista del reiterado incumplimiento demostrado por el PP durante la campaña, el juez presidente la JEZ, Juan Antonio Navarro, se dirigió al alcalde de la ciudad para que «identificara» a la persona responsable de aquellos hechos. Torró no se doblegó y asumió ser el autor, lo que le ha valido la multa impuesta ahora.