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Tráfico

La Guardia Civil investiga si las multas del semáforo de Bellreguard son legales

Una patrulla de la Benemérita requisó, por orden judicial, documentos sobre el dispositivo - El ayuntamiento preveía recaudar unos 300.000 euros al año, pero en 14 meses acumuló un millón

Un juzgado de Gandia ha abierto una investigación a raíz de las denuncias presentadas contra la cámara que el Ayuntamiento de Bellreguard mantuvo activa durante catorce meses para sancionar con una multa de 200 euros a los conductores que rebasaban en rojo el semáforo instalado en la travesía de la carretera Nacional 332 a la altura de la plaza del Clot de l´Era.

Según ha podido saber este periódico, la investigación judicial pretende determinar si el ayuntamiento tiene competencias para sancionar en una carretera que es de titularidad del Ministerio de Fomento y, por lo tanto, gestionada por la Dirección General de Tráfico. Varias personas denunciaron el funcionamiento de ese dispositivo al considerar que el ayuntamiento no era competente para multar en esa carretera. En ese caso, las sanciones impuestas podrían ser «ilegales».

A consecuencia de esta investigación, el juez que lleva el caso ordenó a una patrulla de la Guardia Civil la documentación que obrara en poder del Ayuntamiento de Bellreguard para determinar si el funcionamiento de la cámara que ponía multas se ajusta a la ley. Además de la posible «invasión de competencias», se analiza por qué Bellreguard no comunicó la retirada de puntos del carné, una sanción aparejada a la infracción de saltarse un semáforo en rojo.

Fue el pasado 14 de julio cuando la Guardia Civil, se llevó la documentación del ayuntamiento, y esa misma semana se aplazó la declaración del exalcalde de Bellreguard, Jaume Ascó, quien seguramente será requerido por el juez con el fin de determinar si el ayuntamiento tenía autorización para multar en la N-332.

A raíz de la documentación requisada se ha podido saber que en los 14 meses que funcionó el sistema de control del semáforo rojo las sanciones impuestas supusieron una recaudación de más de un millón de euros cuando el ayuntamiento calculó que la cantidad rondaría los 300.000 euros al año.

La investigación judicial abierta a raíz de las denuncias han sorprendido tanto en el anterior gobierno local del PP como en el actual del PSPV y Compromís. El exalcalde Ascó, que fue quien autorizó a instalar la cámara de multas, ha reiterado que no hay ninguna irregularidad y que la empresa que gestionaba el sistema tiene los informes jurídicos que lo acreditan. Que se sepa, tampoco la Dirección General de Tráfico pidió información, ni recriminó la instalación del dispositivo, ni mucho menos exigió al ayuntamiento que lo retirara. Fue el nuevo Gobierno local surgido de las pasadas elecciones el que decidió no renovar el contrato con la empresa y retirar el sistema que ha puesto miles de multas.

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