Una familia de Xirivella con dos hijos menores se ve al borde de perder su vivienda en septiembre por el proceso ejecución hipotecaria que inició el banco hace más de un año, a pesar de tener concedida desde mayo de 2014 la dación en pago. La demora en la negociación del alquiler social en otra vivienda diferente, situada en Cartagena a petición de los afectados, y el hecho de que la entidad financiera no paralizó el desahucio en el juzgado les ha llevado a estar viviendo de nuevo «otra pesadilla».
La batalla de Francisco Sánchez y su mujer „padres de dos niños de siete y cinco años„ se hizo pública en noviembre de 2012 cuando realizó una protesta ante una oficina de Cajamar, con el respaldo de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), como informó Levante-EMV. Semanas antes había pedido ya la dación en pago de un piso del que debía unos 130.000 euros y cuyas letras no podía pagar, al quedarse sólo con una pensión por minusvalía de 783 euros.
Tras un año y medio de difíciles negociaciones, en las que alega que tardaban meses en contestar a sus requerimientos, acudió al juzgado y en un acto de conciliación, los responsables de la entidad manifestaron que le habían concedido la dación en pago. La confirmación escrita le llegó en mayo y, según el documento, suponía la «cancelación total de la deuda» que, para entonces, el banco calculaba en 155.594 euros, por los impagos y los intereses de demora. En las negociaciones Sánchez alegaba cláusulas abusivas como la referente al suelo o el elevado interés de demora.
A pesar de aprobar la dación, la entidad financiera inició en los tribunales la ejecución hipotecaria y se comprometió a paralizarla cuando se firmara. Según la documentación que obra en el juzgado, con la ejecución, la familia no quedaría libre de cargas, ya que el banco hace una liquidación en su contra de 8.000 euros.
El escrito de dación en pago llevaba aparejado un alquiler social de su piso, a un precio de 200 euros al mes por dos años y de 395 a partir de esa fecha. La familia lo rechazó alegando que la ley fija que en un alquiler social, no se puede pagar más de un 10% de los ingresos, que son 78 euros al mes.
Este desacuerdo fue demorando el asunto aunque finalmente el banco aceptó darle mejores condiciones en otra vivienda. Al tener la esposa de Sánchez a toda su familia en Cartagena, pidieron un alquiler social allí y hace meses, les fue concedido por 100 euros.
Moratoria de dos meses
La mudanza debería haberse realizado este verano e incluso la familia logró una ayuda de los Servicios Sociales de Xirivella para acometerla. También el banco pidió en el juzgado una moratoria de dos meses para culminar los trámites. Pero Sánchez explica que, tras indagar, ha descubierto que el piso que les ofrecen tiene impagos de agua por 525 euros y de luz por otros 280, hasta el punto de que se ha cortado este último suministro. Iberdrola le ha indicado que, al tratarse de una vivienda muy antigua con una potencia que ya no está vigente, el reenganche implica abrir un expediente para otorgarle un nuevo boletín, que tendría un coste de entre 600 y 700 euros.
