El propietario de la estación de servicio La Font de la Figuera ha entablado una batalla judicial con el Estado a raíz de los perjuicios ocasionados por las obras de la nueva autovía A-33, que se eternizan en las afueras del término municipal. El empresario impugnó el modificado del proyecto inicial de los trabajos de la variante, aprobado a comienzos de 2014 por el Ministerio de Fomento, y reclamó una indemnización de 4,35 millones de euros por las pérdidas económicas que calcula derivadas de la decisión del organismo de suprimir la vía de servicio que constituye el principal acceso a la gasolinera „ubicada en la A-35„, una medida que obliga a los vehículos que quieren respostar en ella a realizar un recorrido alternativo de más de 2,5 kilómetros a través de una serie de rotondas.
La Audiencia Nacional ha desestimado recientemente las pretensiones de la estación del servicio, aunque el Tribunal Supremo aún ha de pronunciarse y tiene la última palabra en el caso. El citado modificado dificulta la incorporación desde la A-35 hasta la A-33 „que discurre de forma paralela„ e impide la entrada directa a la gasolinera a todo el tráfico de vehículos que se desplaza hacia Valencia proveniente de Albacete. El empresario denuncia los «graves perjuicios» para la actividad de la empresa y lamenta que ni siquiera se ha previsto la señalización de la estación en la salida correspondiente. Al mismo tiempo, considera que el error del proyecto consiste en no tomar en consideración que la vía de entrada a la gasolinera desde la A-35 es una vía de servicio, como según el afectado la catalogó el Ministerio en 1991. Fomento, en cambio, justificó su supresión alegando que se trata de un acceso directo y no de una vía, en base a la prohibición de que los mismos existan en las conexiones con autovías o ramales de enlace. La nueva entrada diseñada por el organismo reduce la entidad del acceso y obliga a quien circule por la autovía a abandonar la misma, entrar en la A-33 y realizar un recorrido de más de 2,5 kilómetros hasta llegar a la estación. El empresario presentó un informe pericial de un ingeniero de caminos que plantea una alternativa de trazado manteniendo la vía de servicio, cumpliendo la normativa vigente y sin afectar a la situación de las estructuras proyectadas en las obras de la A-33. Asimismo, acompaña en la demanda un estudio de un economista que cifra el lucro cesante derivado de la supresión del acceso en 4,35 millones de euros durante un periodo considerado de 20 años.
El ayuntamiento se opuso
Aunque el primer proyecto ya eliminaba la conexión al ramal de enlace de la A-35 con la A-33, la solución propuesta inicialmente por el Ministerio era menos perjudicial para el establecimiento, puesto que permitía el acceso al área de servicio a través de un glorieta que desapareció en el modificado posterior del proyecto, contra el cual no solo el propietario del negocio presentó alegaciones, sino también el Ayuntamiento de la Font de la Figuera, que pidió al Estado mejoras en las las entradas de las gasolineras y restaurantes pegados a la autovía en el término.
La Audiencia desestima la demanda del afectado alegando que el proyecto se tramitó de forma adecuada y apelando al «interés general» de la intervención. El consistorio también denuncia el elevado coste que conlleva a las arcas municipales el retraso de las obras de la variante, que ahora mismo están paralizadas.
