La intención es hacerlo para clasificar esa franja litoral situada al norte del término como suelo no urbanizable protegido, evitando definitivamente los posibles intentos de construir, como el que en la pasada legislatura manifestó el Gobierno del PP con el alcalde Arturo Torró a la cabeza.
El problema es que dar ese paso podría obligar a millonarias indemnizaciones a los propietarios de la playa, que perderían su legítimo derecho a presentar y ejecutar un plan urbanístico acorde con las condiciones que el ayuntamiento fija en su PGOU.
Por eso el nuevo Gobierno local, contrario a la urbanización y partidario de declarar l'Auir zona verde, ha buscado la complicidad de otra administración, en este caso la Generalitat, para poder impulsar el cambio sin que eso le acabe costando una millonada.
Según reveló ayer Territorio el plan consistiría en que la Generalitat incluya la playa de l'Auir en el futuro Plan de Acción Territorial de Ordenación del Litoral de la Comunitat Valenciana como un espacio a preservar «por su valor ambiental y paisajístico».
