La Fiscalía Provincial de Valencia investiga cuatro contratos adjudicados entre septiembre de 2014 y junio de 2015 a una empresa de la que es socia una concejal del PP de Chiva por un valor global superior a los 435.000 euros.
El caso parte de una denuncia presentada por el actual alcalde de Chiva, Emilio Morales (Compromís), ante la Fiscalía Anticorrupción, y que fue admitida a trámite el pasado 24 de septiembre, según consta en la diligencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Tal y como especificaba Morales en su denuncia, desde el 3 de septiembre de 2014 hasta el 26 de junio de 2015 se formalizaron desde el consistorio cuatro contratos distintos con una empresa por un valor global superior a los 435.000 euros. De esta mercantil es socia una concejal del PP de la localidad, quien constaba como número 2 en las listas a las elecciones municipales.
Esta empresa --según consta en la misma documentación-- constituida en 2014 tenía por objeto servicios inmobiliarios y reparación de motocicletas. Sin embargo, cuando empieza a contratar con el ayuntamiento, modifica el objeto social y se adecúa a las posteriores contrataciones, tal y como consta en la declaración censal de 2014.
Los tres primeros contratos, dos de ellos vistos como asuntos de urgencia, tienen en común que son para prestar servicios de monitores para impartición de cursos.
El cuarto contrato, 'Gestión de servicio de piscina cubierta municipal, centro deportivo cubierto y pistas de padel', tiene también una ágil tramitación y se adjudica durante el mes de mayo de 2015 por 370.000 euros.
El último de los contratos adjudicados a esta misma empresa se incoa y adjudica en junio de 2015, pasadas ya las elecciones de mayo de 2015 "y cuando no cabe ninguna duda de que la número 2 de la lista del partido que gobernaba (PP) y socia de la empresa receptora de todas estas adjudicaciones, fue elegida concejal del Ayuntamiento".
En la denuncia también se indica que resulta "llamativo" que en los contratos que no son adjudicación directa, se presenta una empresa cuya administradora es hermana de un miembro del Consejo de Administración de la empresa pública del consistorio, "y presenta ofertas en ambos casos similares pero ligeramente superiores".
Tras la denuncia, Fiscalía ha decidido incoar diligencias de investigación penal por los hechos pueden ser constitutivos de algún tipo de delito.
