La Fiscalía Provincial de Valencia ha pedido al Juzgado Decano de Paterna que inicie el procedimiento penal para investigar lo ocurrido con Desarrollo Local de Paterna (DLP), una empresa mixta diseñada por el anterior gobierno del PP de Paterna, que nunca llegó a entrar en funcionamiento y que fue disuelta cuatro años después de crearse. Así lo informó ayer el propio consistorio en un comunicado, donde destaca que las diligencias de investigación penal se incoan después de que el actual alcalde, Juan Antonio Sagredo, denunciara este asunto en sede judicial el pasado 31 de marzo. «Creemos que tras la actuación del anterior equipo de gobierno local del PP podría haber un presunto caso de prevaricación y malversación de dinero público», explicó Sagredo.

La empresa mixta DLP fue creada por el exalcalde Agustí en 2011 junto a la UTE Acciona y Assigna Infraestructuras para la ejecución de unas cuarenta obras públicas durante un periodo de 40 años de concesión, pero que no tuvo ninguna actividad al no encontrar financiación. Entre las infraestructuras que se anunciaron, y que fueron valoradas en unos 38 millones, destacaba el soterramiento de la línea 1 de metro, el enlace de las carreteras CV-31 y CV-365, la urbanización y acceso a áreas comerciales „se hablaba de la fallida Ikea„, la urbanización Llano del Cura „PAI anulado por el Tribunal Supremo„, construcción de escuelas infantiles, aparcamientos subterráneos, centros de día y cívicos, polideportivos y viviendas de VPP en la colonia militar y Llano del Cura.

Antes de las pasadas elecciones, la entonces alcaldesa del PP, Elena Martínez, llevó al pleno el expediente para liquidar la empresa mientras la oposición (basándose en un informe del letrado municipal) recriminó los gastos en consultores externos pese a no tener ninguna actividad.

Por su parte, el entonces portavoz del PSPV llevó en marzo al fiscal la documentación de la fracasada empresa mixta y denunció a Martínez y Agustín por prevaricación y malversación cometidos tanto en el proceso de creación como en el de disolución. La denuncia, basada en varios informes técnicos, destaca el funcionamiento opaco de la empresa y la participación irregular de miembros del anterior gobierno del PP en su disolución por no haber contado con la cobertura del pleno. En la denuncia que ha servido para que la Fiscalía ordene ahora el inicio del procedimiento penal, Sagredo cifró en unos 700.000 euros los daños y perjuicios para el ayuntamiento por el «incumplimiento de ingresos por parte del socio privado con el consentimiento del PP».