El Juzgado de Instrucción número 1 de Ontinyent ha procesado por un presunto delito de prevaricación administrativa al exalcalde de Ontinyent, Manuel Reguart (PSPV), y los exediles de Urbanismo Rafael Portero (Bloc) y Filiberto Tortosa (PP), por las irregularidades urbanísticas en el diseminado de la ciudad. Además, también procesa a tres técnicos municipales por los mismos hechos. En el auto, la juez concluye que hay «indicios racionales de delito de prevaricación» y dicta auto de procedimiento abreviado en la causa por presuntas irregularidades urbanísticas. El auto judicial pone fin a la instrucción y deja la causa lista para la celebración del juicio, si las acusaciones lo solicitan, según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El juzgado imputa a los tres exconcejales y técnicos por no abrir, a familiares, expedientes para la restitución de la legalidad urbanística infringida por la construcción de viviendas en el diseminado sin la preceptiva licencia y sí hacerlo con otros propietarios, a los que se les enviaron órdenes de paralización de las obras y se les abrieron expedientes sancionadores por las infracciones.
Los hechos se remontan a abril y mayo de 2005, cuando les llegaron órdenes de paralización, precintado de obras y expedientes para la restitución de la legalidad a 14 integrantes de la Associació per la Defensa de les Casetes (Adeca). La asociación denunció que, además de las suyas, se estaban construyendo unas 250 viviendas de manera irregular, entre ellas 24 de personas allegadas al equipo de gobierno y a técnicos municipales. Adeca denunció en enero de 2006 los casos de estos familiares de miembros del ayuntamiento, así como un «agravio comparativo» entre sus expedientes y los de las personas próximas al gobierno.
Imputaciones a Reguart y Portero
La juez pone de manifiesto la «falta de actuación» de quien fue alcalde entre 2003 y 2007, Manuel Reguart, y del edil de Urbanismo en el mismo periodo, Rafael Portero, desde que Adeca presenta la denuncia, en enero de 2006, hasta que dejan el cargo, en junio de 2007. Les imputa el presunto delito de prevaricación por no iniciar ni tramitar los expedientes de restauración de la legalidad urbanística en los casos denunciados por Adeca, así como por no ordenar al arquitecto técnico que localizara 18 edificaciones denunciadas por Adeca „de las 24, el técnico informó inicialmente de 6, dejando pendientes 18, alegando su no localización.
A Tortosa se le imputa un presunto delito de prevaricación por no incoar los expedientes de restauración en las edificaciones irregulares, que estaban en construcción en 2004 y, en vez de ello, llevar a cabo unas actuaciones preliminares «que eran innecesarias» y que retrasaron los procedimientos. La juez expone que Tortosa, en vez de ordenar directamente los expedientes, «ofreció a los interesados una audiencia previa que supuso retrasos a la incoación de estos», retrasos que «unidos a los que se venían produciendo desde 2006, hizo que caducara el plazo legal de cuatro años» para iniciar los expedientes.
