El exalcalde de Vallada, Vicente Perales, incluyó la cantidad en la relación de deudas pendientes del ayuntamiento remitida al Ministerio de Hacienda en el marco de la línea de crédito ICO habilitada dentro del plan de pago proveedores. Con posterioridad, forzado por la oposición, por sus socios de gobierno y por una serie de resoluciones en contra, el edil reculó y terminó declarando la transferencia lesiva para los intereses municipales.
Ahora, un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia ha estimado las pretensiones del consistorio y ha dictaminado que la UTE Ferrovial-Guerola ha de devolver los fondos cobrados de forma indebida. El fallo, que aún puede ser recurrido por las empresas, concede un pequeño balón de oxígeno a Vallada para hacer frente a su abultada deuda bancaria, que supera los 20 millones de euros y asfixia las finanzas locales.
