La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que dirige María José Salvador está estudiando la fórmula idónea para evitar que el área urbana de Alboraia no crezca a costa de su huerta sin que por ello tenga que renunciar a las dotaciones (principalmente de tipo educativo) que se contemplan en el proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que está trabajando el consistorio.
El caso de Alboraia, y tal como reconocieron fuentes de la conselleria, es especialmente singular ya que casi todo el suelo no urbanizable del término está calificado como huerta protegida. Por ello, cualquier transformación de suelo agrícola a residencial para obtener así equipamientos escolares (más de 14.000 metros de suelo junto al CEIP Cervantes para un nuevo instituto, y 10.000 m2 para el nuevo CEIP Ausiàs March) y un nuevo vial que conecte a partir de la V-21 Patacona y Port Saplaya con el casco urbano, se tiene que hacer a costa de reclasificar áreas agrícolas productivas. En el caso de Alboraia, el plan contempla hacerlo principalmente en la zona de la Riquera, junto a Tavernes Blanques.
Además, al aumentar el suelo urbano la legislación obliga a reservar cinco metros zona verde por habitante, algo que también tendría que llevarse a cabo a costa de la huerta. Los técnicos del ayuntamiento han calculado que tendrían que obtener unos 150.000 metros cuadrados más de zona verde que, con la actual ley, sólo podrían conseguir comprado huertas y transformándolas en parques y jardines. Además de considerar «absurdo» transforma en un jardín un paisaje con el valor y atractivo de la huerta alborayense, el consistorio calcula que esta operación tendría un coste de unos 67,5 millones de euros, cifra inasumible dado el actual estado de las arcas municipales.
Con estos problemas por resolver, el alcalde de la localidad, Miguel Chavarría (PSPV) y su concejala de Urbanismo Ana Bru han mantenido recientemente una reunión con José Luis Ferrando Calatayud, Director General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, y allí plantearon una posible solución a la que ya apuntaba el ayuntamiento hace unos meses: poder contabilizar como zona verde la huerta protegida, al menos el espacio de terrenos cultivados de la zona de Vera colindante con el término de Valencia.
En el mismo sentido, Chavarría y Bru también solicitaron que el paraje de la ermita dels Peixets pueda ser declarado parque municipal (de manera que también podría contabilizarse como zona verde) y no paraje protegido tal como lo consideró en 2014 la Generalitat.
Si bien las fuentes de la conselleria han informado a este periódico que van a estudiar la propuesta de considerar la huerta productiva como zona verde, también adelantaron que se trata de una opción complicada de llevar a cabo. También recordaron desde el departamento autonómico que aprobar el Plan de Acción Territorial de la Huerta (PATH) es una de las prioridades de la consellera, y que su contenido ha de tenerse en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión urbanística en Alboraia. «Hasta ahora ha habido una toma de contacto y a partir de ahí se van a estudiar varias alternativas para intentar que el crecimiento urbanísticos de la localidad afecte lo menos posible a las áreas protegidas», señalaron las mismas fuentes.
