Casi un millón y medio de euros en propaganda, sentencias condenatorias por no devolver créditos bancarios, la construcción del Mercat del Prado que no se amortizará ni en 20 años, millones de euros de pérdidas en la piscina del Grau, en el sistema de alquiler público de bicicletas, construyendo chiringuitos en la playa y en la gestión de la grúa. Una abultada factura para pagar a personal colocado por el PP sin ningún tipo de selección, dieciocho patrocinios deportivos que suman casi trescientos mil euros, prácticamente ningún ingreso y, por si faltaba algo, una enorme devaluación de los bienes inmuebles propiedad de la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG).
Así se puede resumir el balance económico del año 2014 en IPG, el penúltimo bajo la gestión del Partido Popular y del exalcalde Arturo Torró, redactada por el gerente y que el lunes que viene se presentará al Consejo de Administración de esta mercantil cien por cien municipal.
Como se temía, el informe va a suponer un nuevo disgusto para el ayuntamiento. Un mazazo que se cifra en 38,5 millones de euros en pérdidas que, de una u otra manera, algún día se tendrán que sumar a las cuentas de un consistorio en quiebra.
