El alcalde socialista de Piles entre 1999 y 2011, Vicente Ciscar Salelles, se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la sección segunda de la Audiencia de Valencia, acusado de un delito de falsedad en documento oficial. La Fiscalía solicita para él cinco años de cárcel y seis de inhabilitación, además de una multa de 9.300 euros. Císcar está acusado de firmar en 2007 un convenio singular con la Diputación de Valencia para que la institución provincial pagara gran parte de la construcción de un puente y una circunvalación de acceso a la playa de Piles, como actuaciones «futuras» que debían estar finalizadas antes de 2011. El problema es que estas obras ya se habían iniciado en 2003 y acabado en 2006, por lo que el convenio era inviable.

El puente y la rotonda tienen, además, una intrahistoria particular. El Ayuntamiento de Piles los incluyó en el PAI (programa de actuación integrada) Piles Poble, con cargo a las cuotas de urbanización de este plan urbanístico. Sin embargo, los propietarios afectados recurrieron, y ganaron, un contencioso administrativo que condenó al Ayuntamiento de Piles a que les devolviera los 632.673 euros del coste de las obras del puente y la circunvalación. De ahí que el consistorio buscara denonadamente fórmulas para pagar esta deuda.

El ex alcalde Vicente Císcar admitió ayer ante los magistrados de la sección segunda que no leyó el convenio con la Diputación ni el día que se aprobó en el último pleno de la legislatura, en mayo de 2007, ni tras la firma oficial con la Diputación de Valencia. «Sólo me fijé en los 430.000 ? que nos concedían. Todos los concejales estábamos más contentos que unas Pascuas. Queríamos la ayuda para devolver el dinero a los vecinos y por fin habíamos cumplido el sueño de todos. Aunque ahora admito que fue un convenio desafortunado», dijo.

Císcar compartió banquillo con Gustavo Gass Castañeda, secretario e interventor del Ayuntamiento de Piles desde 1991, a quien sólo imputa la acusación particular que ejerce el ex concejal de Coalició Valenciana (CV) de Piles, Pedro Román Zamorano. Gass y Císcar se negaron a responder a las preguntas de la acusación particular, representada por el abogado Juan Garcia Santandreu, porque aseguran sufrir «una persecución personal y política desde hace más de diez años».

No es la primera vez que se ven las caras en los tribunales. El secretario municipal explicó que remitió a la Diputación de Valencia «toda la documentación relativa a las obras» ya ejecutadas. Cuando llegó al Ayuntamiento de Piles la propuesta de convenio del ente provincial, que aludía a obras «futuribles» pero no ejecutadas, admite que pensó: «¡Qué burros son en la Diputación! Pero no soy experto en convenios y ellos los firman todos los días». El secretario no advirtió a nadie de que el convenio hablaba de obras «futuribles» y para nada ya ejecutadas. «No tuve consciencia que se estaba cometiendo una ilegalidad. En 2007 eran las elecciones, el ayuntamiento era un hervidero y no estaba entre mis funciones hacer informes».