03 de diciembre de 2015
03.12.2015
Tribunales

El fiscal pide imputar a Torró por perdonar 1,3 millones del IBI a una empresa

El ministerio público considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito

04.12.2015 | 04:35
El fiscal pide imputar a Torró por perdonar 1,3 millones del IBI a una empresa

En diciembre de 2011, apenas seis meses después de que el PP asumiera el Gobierno local de Gandia, el alcalde, Arturo Torró, anunció una sorprendente operación inmobiliaria a cuenta del erario público. Torró compró por 6,7 millones de euros la galería comercial del hotel Gandia Palace, situado en la playa, con el objetivo de «dinamizar y desestacionalizar la actividad turística». Aquella extraña compra, que Torró definió con euforia como la «operación aplauso», va a ser investigada por un juez, y la Fiscalía de Valencia ya ha pedido que Torró, y también quien era vicepresidente de Iniciatives Públiques Gandia (IPG), Javier Reig, declaren en calidad de imputados. El fiscal considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación.

Ciertamente, la operación resultó de lo más confusa y nunca fue del todo aclarada. A través de IPG, el anterior Gobierno local del PP aprobó la compra a toda prisa y sin dar información a los grupos políticos. Pese a que Torró denunciaba que había heredado un ayuntamiento y una empresa municipal en quiebra, adquirió la galería comercial del hotel Gandia Palace y días después firmó un decreto para perdonar a la empresa propietaria, Vipei SA, la deuda de 1,3 millones de euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que no había pagado al ayuntamiento desde 2008.

A criterio de la Fiscalía, ese decreto permitió a Vipei levantar el embargo de bienes inmuebles situados en Gandia, de manera que el ayuntamiento «dejó de tener una garantía» para asegurarse el pago del IBI pendiente y, además, se obligaba a pagar otros 5 millones de euros para cerrar la compra de esa parte del hotel.

Siempre ocultada a los grupos de la oposición, la rocambolesca «operación aplauso» volvió a salir a la luz años después, cuando, forzado por la realidad, el Gobierno local sorprendió al anunciar que la compra no se había completado porque había descubierto que la galería comercial del hotel, junto al resto del inmueble, estaba embargada.

Inexplicable es, también, que el ayuntamiento escriturara el edificio a su nombre, pero nunca llevó los documentos al Registro de la Propiedad ni pagó el Impuesto de Transacciones Patrimoniales.

Pese a eso, el consistorio alquiló a la empresa Ozone los locales «comprados» para abrir espacios de ocio, que cerraron en septiembre de 2014 por falta de rentabilidad. Ni se han podido cobrar los 1,3 millones de euros del IBI a Vipei, ni se ha logrado dinamizar y desestacionalizar la playa de Gandia en invierno, como era el objetivo del Gobierno local. Y encima la quebrada IPG ha tenido que asumir una deuda de 5 millones de euros que deberá pagar al administrador concursal de la empresa propietaria del hotel.

El concejal socialista Vicent Mascarell, que denunció reiteradamente aquella operación, remitió la documentación disponible a la Fiscalía de Valencia, que ha visto indicios de un delito de prevaricación, y pide al juez que cite, en calidad de imputados, a Arturo Torró y a Javier Reig. También solicita que se requieran informes de todo lo sucedido al secretario e interventor del Ayuntamiento de Gandia y que la Intervención General de la Generalitat emita un informe sobre si aquella extraña compra se adecuaba a la legalidad.

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