El Ayuntamiento de Bétera gastó 2,1 millones de euros en contratar servicios jurídicos de abogados externos a la corporación, entre 2007 y 2015, cuando los alcaldes que gobernaban en el pueblo eran los populares José Manuel Aloy „de 2007 a 2011„ y Germán Cotanda „de 2011 a 2015„. Según la documentación aportada a Levante-EMV por la actual alcaldesa, Cristina Alemany, de Compromís, y el concejal de servicios jurídicos, José Rodado, de la misma formación, en esos 9 años, el municipio del Camp de Túria contrató con una treintena de letrados. Entre ellos, figuran profesionales del derecho a título personal, y al menos, siete bufetes con sede autonómica y nacional. Respecto al último mandato, en el que el alcalde fue el popular Germán Cotanda, las contrataciones en servicios jurídicos externos al consistorio ascendió a 1,2 millones de euros, según Alemany y Rodado. La mayor parte de las facturas presentadas se corresponden con pleitos relacionados con el área de urbanismo del consistorio, que las encargaba a un conocido bufete implantado en la Comunitat Valenciana, y en el resto de España.
Más de 200.000 euros anuales
El detalle de las facturas en gastos jurídicos externos a los servicios municipales es el siguiente: 2007 (232.534 euros), 2008 (296,467 euros), 2009 (166.598 euros), 2010 (162.413 euros), 2011 (247.845 euros), 2012 (420.090 euros), 2013 (200.113 euros), 2014 (206.296) y 2015, (71,350 euros). A la cifra de 2015, «hay que añadir otros 90.000 euros pendientes que acabamos de pagar», concluye el concejal José Rodado. En total, «2,1 millones gastados por los gobiernos populares del PP de Bétera en 9 años», subraya la alcaldesa de Compromís. El nuevo equipo de gobierno, „que aglutina a Compromís, Mas Camarena-CUBE, PSPV y Asamblea Bétera Ciudadana„, «quiere cambiar esta forma de actuar que conlleva un gasto considerable de dinero público en abogados, por lo que adquiere el compromiso político para esta legislatura de sacar a concurso público la defensa jurídica del ayuntamiento», añadió Cristina Alemany. A su juicio, «hay que abaratar el coste de este servicio, destinando este dinero a otras necesidades de los vecinos de la población».
En esta línea, el concejal José Rodado, «considera este gasto excesivo sobre todo teniendo en cuenta lo mal que lo han estado pasando muchas familias durante estos años que han visto recortados derechos básicos con el precario argumento de que no existía dinero».
