Una resolución de la Generalitat ha recortado de un plumazo 2.285 metros cuadrados de superficie al conjunto histórico-artístico delimitado por el castillo de Xàtiva, el entorno amurallado y sus torreones. El acto administrativo, elevado ayer a oficial, pone la guinda a un proceso iniciado a comienzos de 2015, cuando los entonces titulares de la Conselleria de Cultura y la alcaldía de Xàtiva, Mª José Català y Alfonso Rus, acordaron la desafección y enajenación de una finca de la Costa del Castell, de dominio público y especial protección, en favor de Inelcom, la empresa fabricante de leds y propietaria del hotel Montsant.
La decisión fue objeto de una agria polémica por la beligerante oposición manifestada tanto por el PSPV, como por Compromís y EU en un ámbito catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). La controversia sumó ayer un nuevo capítulo cuando el Diario Oficial hizo público el contenido de una adenda firmada por el ahora conseller Vicent Marzà (Compromís) y el actual alcalde, Roger Cerdà (PSPV), que completa la operación. El documento da luz verde a la modificación de una cláusula del convenio que ambas administraciones suscribieron en el año 2000 para sentar las bases del mantenimiento y la conservación de la fortaleza y su ciudadela. El cambio redefine a la baja las dimensiones del entorno protegido, descontando el tamaño de la parcela sobre un área de 400.000 m2.
Inelcom justificó la solicitud de enajenación de la finca alegando motivos de seguridad, puesto que por esta zona de paso supuestamente se colaban intrusos a los bungalós aledaños a Montsant. Con anterioridad, en 2013, el hotel plantó sin permiso una hilera de cipreses junto a la carretera de acceso al castillo para impedir el acceso al complejo privado. Una instancia presentada en el ayuntamiento por el exalcalde de Xàtiva, Miquel Calabuig, obligó a intervenir a la corporación, puesto que el cercado invadía dominio público. La empresa tuvo que retirar los cipreses, pero posteriormente, en 2015, logró el beneplácito de las administraciones local y autonómica para llevar a cabo sus planes mediante el traspaso de la finca, propiedad de la Generalitat. El proceso de enajenación, avalado por informes técnicos, quedó blindado a escasos días de las elecciones. Para cerrar la operación solo faltaba modificar el convenio del castillo con tal de borrar la parcela del conjunto protegido de cuyo mantenimiento se ha de hacer cargo el consistorio.
El alcalde: «Había riesgo jurídico»
Poco después de los comicios, llegó a las dependencias municipales la adenda firmada por el conseller Marzà, a falta de la rúbrica del alcalde de Xàtiva. Roger Cerdà asegura que en un primer momento declinó firmar, pero el secretario le convenció de lo contrario. «Si no lo hacía, la parcela quedaba en una situación de inseguridad jurídica. Nos vemos en la obligación de aceptar la adenda porque fue la conselleria la que en la anterior legislatura accedió a ceder el terreno», afirma el munícipe.
