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Iniciativa

Impulsan una plataforma contra la «muerte civil» de los constructores

Un empresario de Sagunt reclama cambios legales en las ejecuciones hipotecarias y las plusvalías

Una plataforma para evitar la «muerte civil» de los pequeños y medianos empresarios, principalmente de la construcción. Ese es el proyecto de Pepe Quesada, fundador del Grupo Quesada Jara, para impulsar cambios en las leyes de Enjuiciamiento Civil y Haciendas Locales, que permitan «que todos perdamos algo para que podamos seguir trabajando», explica. Y es que la situación por la que atraviesa, con varios años de batallas judiciales a las espaldas, es una buena muestra del calvario que muchos empresarios viven como consecuencia de la crisis.

Treinta años después de que montara su empresa familiar a partir de una churrería, Quesada se encuentra ahora con media docena de propiedades hipotecadas en varios municipios de El Camp de Morvedre y la Plana Baixa, pero lo peor es que para hacer frente a las ejecuciones hipotecarias no puede disponer de los otros inmuebles que le permitirían seguir a flote.«Tengo claro que me tienen que quitar las cosas hipotecadas, pero necesito el resto y sería suficiente con un par de modificaciones en leyes que atentan contra el principio de igualdad», asegura el empresario.

Economía sumergida

Acompañado por su abogado, David Castelló, explica que «en las subastas de inmuebles por ejecución hipotecaria, el acreedor se los queda por un 70 % de la tasación original en caso de ser una vivienda habitual, lo que significa en la mayoría de casos una dación en pago, y un 50 % en el resto de casos, con lo que siempre queda deuda pendiente».

Esta legislación no sólo condena a los empresarios a la «muerte civil», según Castelló, sino que impide a los acreedores recuperar las cantidades reconocidas y empuja a los afectados a echar mano de la economía sumergida. Frente a ese desolador panorama, Quesada y su abogado creen que la solución pasa por elevar estos porcentajes hasta el 90 % para las viviendas habituales, lo que permitiría «salvar la situación a casi todas las familias, además de provocar una reducción de las ejecuciones hipotecarias», y hasta el 70 % para el resto de propiedades, con lo que «se salvaría una gran cantidad de empresarios, emprendedores y también familias», considera Castelló.

Además de estas modificaciones, que son «de justicia social», un segundo capítulo tiene que ver con las plusvalías, que los ayuntamientos le exigen, la última de 35.000 euros, tras la subasta. «La ley se modificó —apunta el abogado de Quesada— para que este impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no se aplicara en los casos de vivienda habitual y en las operaciones entre entidades bancarias nacionalizadas». Quesada reclama que todos los cambios de propiedad derivados de las ejecuciones hipotecarias queden exentos de este pago.

Estas medidas, que tienen intención de impulsar a través de una plataforma, signficaría «un espaldarazo a la recuperación económica». Sus primeros pasos han sido contactar con asociaciones profesionales y lanzar su grito de socorro para tratar de sumar apoyos a su causa.

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