Año 2006. El sector inmobiliario atraviesa un momento de éxtasis en Xàtiva cuando la promotora zaragozana Ordisa cierra la adquisición del Real Monasterio de Santa Clara por 2,4 millones de euros. La firma proyectaba transformar el conjunto arquitectónico de carácter religioso, levantado en el siglo XIV, en un hotel de 4 estrellas y 60 habitaciones. Diez años después de que la orden franciscana de las Clarisas abandonara el convento y lo dejara en manos privadas, este Bien de Interés Cultural (BIC) es objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria que culminará el 1 de abril, con el lanzamiento definitivo del inmueble de la calle Montcada.
La fecha ha sido fijada en el calendario por el juzgado de primera instancia n.º 1 de Xàtiva, en virtud del procedimiento iniciado por una entidad bancaria contra Xàtiva Costera 2012, SL, la empresa creada por Ordisa para gestionar las frustradas obras del complejo hotelero, que nunca llegaron a iniciarse. La propietaria del BIC se declaró insolvente y, en mayo de 2015, un juzgado de lo mercantil de Zaragoza certificó su desaparición. La incapacidad de la sociedad para asumir el pago de la hipoteca contraída „por valor de 8,2 millones de euros„ condujo a la entidad financiera a presentar una demanda en 2014 para exigir el embargo de un edificio que, casi con toda seguridad, pasará ahora a formar parte de una de las divisiones inmobiliarias del banco.
El gobierno municipal confía en que esta actuación ponga fin de una vez a la prolongada situación de limbo jurídico existente en torno a la titularidad del convento, desde que la promotora entró en concurso de acreedores. Una vez clarificada la propiedad, el concejal de Patrimonio, Jordi Estellés, asegura que el ayuntamiento no enviará un requerimiento a los nuevos dueños para exigirles el cumplimiento de los requisitos de conservación y mantenimiento del edificio, sometido a una protección especial. El edil asegura que el consistorio se interesó por la situación del inmueble al comienzo de la legislatura, pero se encontró con un proceso judicial que «dejaba en el aire quién era el propietario» y dificultaba cualquier trámite. Una vez se aclare este escenario, Estellés mantiene que la administración se pondrá en contacto con los propietarios para negociar la posibilidad de una cesión, con tal de «facilitar» que la gestión del edificio pueda quedar en manos públicas. El consistorio apuesta por convertir el monasterio en un espacio turístico con un régimen de visitas regulado.
