El juez decretó prisión para el vecino de Torrent que estafó más de 126.000 euros a agricultores de l'Horta y la Ribera. Como adelantó Levante-EMV, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Paiporta le dio caza el pasado 11 de febrero tras varios meses de investigación. La «Operación Tinama» también se saldó con la detención de otro hombre, de nacionalidad rumana, que salió en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial.
Según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado, la investigación se inició en noviembre como consecuencia de unas pesquisas en un almacén de Picassent, donde se detectaron contratos de compra-venta de naranja que resultaban sospechosos.
Fruto de las investigaciones de esta operación, desarrollada por el grupo ROCA de Paiporta, los agentes averiguaron que dos hombres estaban estafando a numerosos agricultores y a las cuadrillas que contrataban para la recogida de la naranja.
El cabecilla, vecino de Torrent, realizaba la compra-venta de cosecha de campos de naranja y mandarina, operaciones que hacía con los propietarios o con los encargados de las parcelas. Según fuentes de la Guardia Civil, el estafador realizaba un contrato de compra-venta de la producción en el que pactaba las fechas de la recolección, además de la fecha tope del pago. Sin embargo, este contrato nunca se cumplía. Su colaborador se dedicaba a acompañarle y estaba autorizado a cobrar, facturar y vender naranja a su nombre.
Documentación falsa
Cuando tenían en su poder la mercancía la preparaban en una nave alquilada en Picassent para enviarla fuera de España o para venderla en otro almacén del mismo municipio, donde cobraba en metálico las ventas, que realizaba a un precio inferior al negociado con los propietarios de los campos que nunca llegaron a recibir ni un euro. También falsificaba la documentación de la mercancía, utilizando los datos de propietarios de campos que no recolectaban.
Según indicaron desde la Guardia Civil, el dinero estafado asciende por el momento a 126.000 euros, si bien no se descarta que se incremente con el avance de las investigaciones. De igual modo, hasta el momento se tiene constancia de 32 estafados, pero podrían llegar a ser más de 50 las personas afectadas. En los registros realizados en las naves y las viviendas, los agentes comprobaron que carecían de permisos para cualquier actividad y tampoco contaban con licencia ambiental, de registro sanitario, ni altas de la Seguridad Social de sus empleados. También encontraron diversas facturas y datos bancarios que han servido a los agentes para bloquear las cuentas bancarias del cabecilla.
