La sombra de la corrupción sigue expandiéndose por la comarca ribereña. El Ayuntamiento de Algemesí llevará ante la Fiscalía la compra sin adjudicación de bombillas LED a la empresa Inelcom en 2012 efectuada por el anterior equipo de gobierno del PP capitaneado por Vicent R. García Mont. Lo confirmó ayer en exclusiva a Levante-EMV la actual alcaldesa de la localidad, Marta Trenzano, tras las observaciones realizadas por varios ediles y técnicos municipales de la actual corporación. «Tenemos la seguridad de que el procedimiento no fue el correcto y como se trata de mucho dinero y no es un caso aislado en los ayuntamientos del PP debe ser la Fiscalía la que investigue si existe ilegalidad alguna», explicó Trenzano.
Fue la formación Més Algemesí la que activó todas las alarmas. Según las investigaciones realizadas por su portavoz, Josep Bermúdez, «la decisión de comprar los leds a la empresa Inelcom no fue una decisión técnica sino únicamente política que en el caso de Algemesí, en 2012, se tomó saltándose todos los mínimos procedimientos legales que exigía la ley. El Plan de Eficiencia Energética fue diseñado por la diputación para que estas decisiones pudieran ser tomadas directamente por los políticos sin necesidad de celebrar adjudicaciones ni encomendar informes técnicos. Y, de hecho, así fue en Algemesí».
La máxima representante del ayuntamiento se sumó a la denuncia a última hora de la tarde de ayer al considerar que existen «indicios de irregularidades en la contratación realizada en 2012 por un importe cercano a los 360.000 euros», afirmó Trenzano, quien añadió: «Lo que más nos ha escandalizado es que los contratos que constan en la casa consistorial están a nombre del anterior alcalde, Vicent R. García Mont, y no del ayuntamiento. Eso administrativamente es incorrecto». Més Algemesí explicó que el ejecutivo de Mont se adhirió (en una resolución del 9 de noviembre del 2012) al plan de compras de la Diputación de Valencia para la adquisición de bombillas LED pero no consta adjudicación a Inelcom, además de que no existe acuerdo alguno de la junta de gobierno a pesar de ser el órgano con competencias en dicho asunto. «A pesar de todo, cuando en 2013 se envía la documentación pertinente a la diputación, en esta se certifica, falsamente, que el órgano que adjudica la contratación es la Junta de Gobierno Local», argumentó Bermúdez.
