04 de marzo de 2016
04.03.2016
Tribunales

Torró dice al juez que su relación con el dueño de Tele7 fue antes de ser alcalde

El exmandatario de Gandia declara por el contrato con la televisión privada pero se niega a contestar a los abogados de la acusación - Descarga parte de la responsabilidad en su colaborador Javier Reig

04.03.2016 | 04:15
Torró dice al juez que su relación con el dueño de Tele7 fue antes de ser alcalde

El exalcalde de Gandia, Arturo Torró, declaró ayer, en calidad de investigado, ante la titular del juzgado de Instrucción número 3 de esta ciudad a raíz de la querella presentada por el PSPV-PSOE por el contrato de 1,5 millones de euros que, en el año 2011, firmó con Tele7 Safor para emitir programas de contenido local.

La querella se plantea porque el PSPV-PSOE sospecha que ese dinero pudo ir a parar a empresas relacionadas con el exalcalde del PP, dado que el propietario de Tele7 era Jorge Masià, con quien Torró tuvo negocios.

Precisamente esa era la cuestión que se trataba de dilucidar ayer. Ante el juez, el exalcalde gandiense reconoció que había mantenido relación empresarial con Masià entre los años 2006 y 2007, es decir, antes de ganar las elecciones. Después del interrogatorio Torró añadió a este periódico que su desvinculación con el dueño de Tele7 a partir de esa fecha se puede comprobar «mirando el Registro Mercantil».
Ahora bien, el exalcalde gandiense optó por una defensa que se basó en negarse a responder a las preguntas de los dos abogados de la acusación, el que representa al PSPV-PSOE y el que acude en nombre del Ayuntamiento de Gandia. Así, obviamente, evitó cuestiones peliagudas, como tener que aclarar por qué el domicilio fiscal de alguna de sus empresas era el mismo que el de las empresas participadas por Masià.

Durante su exposición, que duró algo más de media hora, el exalcalde derivó parte de la responsabilidad del contrato que se investiga en su colaborador Javier Reig, vicepresidente de la empresa Iniciatives Públiques Gandia (IPG), aunque mantuvo que el acuerdo con Tele7 y el que también se firmó con Telesafor, ambos por 1,5 millones de euros, estuvo avalado por funcionarios y por los órganos de gestión de IPG.
Torró concluyó que solo podían destinar dinero público a esas dos televisiones privadas porque eran las únicas que tenían licencia de la Generalitat para emitir en Gandia.

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