La Fiscalía de Valencia ha formulado una querella por un presunto delito de estafa contra todos los miembros del anterior equipo de gobierno de Moncada que presidía Juan José Medina en 2013, así como contra los miembros del consejo de administración y el gerente de la empresa municipal Pemsa, en relación a la hipoteca de seis parcelas del polígono industrial III que la mercantil municipal había vendido previamente.
De los políticos querellados, tres forman parte de la actual corporación municipal: el portavoz del grupo municipal popular, Miguel Gallego, la concejal Mª Dolores Muñoz y el actual portavoz del grupo Ciudadanos, Jesús Gimeno, que en el momento de producirse los hechos investigados formaba parte del equipo de gobierno de Medina. Pero el ministerio público también presenta querella contra Miguel Benítez, que está a punto de tomar el acta de concejal en sustitución del exalcalde (que dimitió en diciembre a raíz de su imputación por Taula), y contra Marta Gracía, a la que le correspondería entrar en la corporación si finalmente Benítez no tomase posesión.
En definitiva son 19 los querellados: Medina y sus 11 concejales en 2013, el todavía gerente de Pemsa José Ignacio Lillo, y seis miembros del consejo de administración (del que también formaban parte los ediles Medina, Gallego y Navarro). Los consejeros de Pemsa serían, según el fiscal, responsables de hipotecar las fincas que se habían vendido previamente, y los concejales de haber votado en el pleno a favor de esta operación.
Además de pedir al juzgado de Moncada la incoación de diligencias previas, el ministerio público ha pedido que se tome declaración como investigados a los 19 querellados, y que declaren como testigos la secretaria general del ayuntamiento y la actual alcaldesa «y denunciante», Amparo Orts, así como las personas y entidades que compraron los terrenos, a las que se les hará el «legal ofrecimiento» de emprender acciones como posibles perjudicadas.
Según detalla la fiscalía en su querella, Pemsa era propietaria de una serie de parcelas en el Polígono Industrial Moncada III, y «al menos» seis de ellas fueron vendidas a diversos compradores entre el 3 de diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2012 «mediante sendos contratos que en ningún momento fueron elevados a escritura pública. Hasta el momento de la investigación del fiscal, los compradores han pagado 1,35 millones de euros de los 3,34 millones que se previeron en las distintas operaciones.
Pero el 3 de diciembre de 2013, y según señala también el ministerio público en su querella, en una notaría de Moncada el gerente de Pemsa otorgó escritura pública por la que la mercantil hipotecaba, a pesar de los seis contratos anteriores, estas fincas como garantía de un préstamo con Bankia por importe de 1,86 millones de euros. En ese momento, y desde el 19 de junio de 2013, el consejo de administración estaba formado por nueve de los ahora querellados, incluyendo el entonces alcalde y varios de sus concejales.
El día de antes, y según también subraya la querella, la operación había sido autorizada por el pleno municipal con el voto a favor de los 12 concejales del equipo de gobierno del PP y los 9 en contra de la oposición (en aquel momento, PSOE, Compromís y EU). Se da el caso de que una de las querellas, Marta García, tomó posesión del cargo ese mismo día en sustitución de Concha Gea, que también se incluye en la querella pero como consejera de Pemsa.
Penas de uno a cuatro años
Todos estos hechos, concluye el fiscal encargado del caso, pudieran ser constitutivos de un delito de estafa previsto y penados en los artículos 251 y 251 bis del Código Penal, que contempla penas de prisión de uno a cuatro años.
Tal como ya publicó este periódico el pasado diciembre, la actual alcaldesa puso los hechos en conocimiento de la fiscalía después de que el comprador de uno de estos terrenos le exigiese al ayuntamiento la devolución del dinero que había pagado por la propiedad. Según denunció este propietario, «Pemsa maliciosamente había constituido garantía hipotecaria» sobre su parcela «diez meses más tarde de ser requerido para su posesión». Por ello, daba «tres días de plazo» a la empresa municipal para que le reintegrase el dinero que había pagado el 17 de febrero de 2011 por 18.586 metros cuadrados de suelo industrial todavía por urbanizar.
