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Tribunales

Condenan a Xàtiva a pagar un millón por el sobrecoste de la Ciutat de l´Esport

La sentencia reconoce el pago a Acciona aunque ciertas obras no fueron autorizadas por el consistorio

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº6 de Valencia ha condenado al Ayuntamiento de Xàtiva a pagar 700.000 euros a Acciona por una serie de sobrecostes encargados por la dirección facultativa de las obras al margen del proyecto de la Ciutat de l´Esport que no fueron autorizados por el ayuntamiento. El fallo, de fecha 8 de marzo, también determina el pago de 24.125 euros por las reparaciones de desperfectos efectuadas durante el plazo de garantía y, además, ordena un nuevo cálculo de la revisión de precios que se fijará en ejecución de sentencia y que podría elevar a 1 millón de euros el importe total a satisfacer por el consistorio, contando los intereses de demora computados desde 2012. Acciona impugnó en los tribunales el acuerdo de la junta de gobierno de Alfonso Rus que, 4 días antes de las elecciones de 2015, dio luz verde a la liquidación definitiva de las obras y a una revisión de precios que reconocía a la contratista el derecho de percibir 233.844 euros, una cantidad muy alejada de sus pretensiones.

En 2006, el ayuntamiento adjudicó a Acciona la construcción de la Ciutat de l´Esport por 7,73 millones de euros. En 2010,el consistorio autorizó un modificado por un importe de 1,65 millones de euros adicionales. En 2011, el mismo año de la inauguración del edificio, la dirección facultativa de las obras „externalizada a la mercantil Idom Ingenería, SA„ encargó a la constructora una serie de obras no contempladas ni en el presupuesto original ni en su modificado, relativas a tareas de asfaltado, pavimentación o señalización. La mercantil también reclama 375.667 euros por este proyecto complementario y otros 63.000 euros correspondientes a la adecuación de una zona de equipamiento para juegos. El juez José Ignacio Chirivella, sin embargo, pone en tela de juicio la «buena fe» de Acciona y rechaza estas dos últimas demandas, subrayando que la firma ejecutó obras que no fueron aprobadas por el ayuntamiento En cambio, el magistrado sí reconoce a la empresa el cobro de 670.021 euros por una serie de obras sin autorización, al margen del presupuesto, que aparecen recogidas en la certificación final del contrato después de que las mediciones practicadas por la dirección facultativa afloraran nuevos sobrecostes una vez completados los trabajos. Los técnicos municipales achacaron los trabajos ejecutados fuera del proyecto a «meras imprevisiones». La dirección facultativa emitió dos informes en 2012 y 2013 que derivaban responsabilidades al ayuntamiento y atribuían los excesos de obra a «nuevas necesidades municipales cuya ejecución era absolutamente necesaria».

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