El Gobierno de Gandia pagará toda la deuda que la empresa municipal IPG ha dejado a decenas de acreedores a los que, en su mayoría, se les adeudan cantidades que van de los 10.000 a los 50.000 euros hasta alcanzar los cerca de 15 millones. El equipo de la alcaldesa Diana Morant rechaza la idea surgida del abogado José García para que IPG entre en concurso de acreedores, acción a la que, a criterio del letrado, estaría obligada para evitar el perjuicio al conjunto de los ciudadanos de Gandia.

En el Gobierno local, en cambio, se interpreta que esa fórmula no se ajusta a derecho. Dicen los gestores de la mercantil y los concejales del ayuntamiento que, al ser una empresa 100 % municipal, debe considerarse como administración. Según estas fuentes, la aplicación de un concurso de acreedores supondría reducir hasta un 50 % la deuda de 15 millones de euros a los acreedores. Esa fórmula, añaden, sería doblemente injusta porque el ayuntamiento ya ha asumido los más de de 40 millones de la deuda a entidades bancarias.

Al margen de esto, el consistorio también ha decidido denunciar a los anteriores gestores de IPG, con Arturo Torró a la cabeza, al considerar que sus decisiones supusieron un millonario quebranto económico para el ayuntamiento.