19 de abril de 2016
19.04.2016
Contratación pública

Riba-roja aplicará criterios sociales en la adjudicación de contratos

La medida pretende potenciar las condiciones laborales de los trabajadores

19.04.2016 | 17:58

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una moción de Esquerra Unida y de Compromís en la que el consistorio se compromete a partir de ahora a valorar los criterios sociales y sanitarios a la hora de adjudicar contratos públicos. La propuesta pretende impulsar este tipo de parámetros, adaptados a los nuevos tiempos y las necesidades incipientes, frente a los métodos «tradicionales» que ofrecen prioridad a las cuestiones económicas. La moción contó con el respaldo del PSPV y de Riba-roja Pot, la abstención de Ciudadanos y el voto contrario del Partido Popular.

El texto aprobado insiste en que los objetivos de las administraciones deben dirigirse a «conseguir una contratación pública estratégica, sostenible y socialmente responsable» que tenga en cuenta no sólo la calidad, la eficacia y la sostenibilidad medioambiental en la prestación de los servicios públicos y en las empresas públicas sino también incidir sobre las condiciones sociales y laborales de los trabajadores pues la oferta económica más ventajosa «no tiene que identificarse con la de precio más bajo».

Para ello, la iniciativa de ambos grupos se sustenta en «los cambios jurídicos introducidos en el marco de la Unión Europea en la que se aplican otros criterios de adjudicación como los sociales, los medioambientales o de innovación, prioritarios ante un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, con especial énfasis en los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato para garantizar una comparación objetiva del valor relativo de los licitadores». En este caso, las adjudicaciones de contratos relacionados en el ámbito sanitario y social resultan prioritarios para su protección.

En los sectores que necesiten de un mayor apoyo por parte de la administración en su condición de prioritarios «como los sanitarios y sociales», fuentes municipales explican que se tendrá en cuenta un tratamiento alejado del mercado y se valorarán los criterios basados en la calidad en lugar de sustentarse, principalmente, en la cantidad y en los parámetros numéricos.

La moción aprobada por el pleno incluye la solicitud de los informes jurídicos para que desde ahora los pliegos de contratación que lleva a cabo el consistorio y las empresas dependientes del mismo «incorporen cláusulas sociales y medioambientales» que se tendrán en cuenta sobre la puntuación total. Así, los criterios se basarán en la mejor relación calidad-precio, como es el caso de la calidad, la accesibilidad, las características sociales, medioambientales o innovadores y se vincularán al respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad.

Los ponentes de la moción insisten en la erradicación del criterio de que el precio más bajo «sea el que determine la elección de la empresa que prestará los servicios públicos cuando se utiliza más de un criterio de valoración» y, por tanto, consideran que se eliminará cualquier posibilidad que desde una administración pública se fomente de forma negativa en el ámbito laboral. De hecho, la moción considera que actualmente «numerosas actuaciones acaban destruyendo empleo y empeorando las condiciones laborales de los trabajadores».

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