Unas cincuenta personas se manifestaron al mediodía de ayer ante una céntrica oficina bancaria de Sueca para reclamar un alquiler social para que Loren Torres y su familia puedan quedarse en una vivienda de Riola que fue subastada por el propio banco. La reclamación contó con un amplio apoyo de diferentes ayuntamientos de la comarca. Entre los manifestantes, convocados por la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) de la Ribera Baixa, se encontraban los alcaldes de Riola, Judith Capellino; de Polinyà de Xúquer, Óscar Navarro; de Albalat de la Ribera, Felip Hernandis; y de Fortaleny, Juani Clos; así como la concejal de Acción Social de Sueca, Noelia Sisteró.
«Es necesario que los bancos entren en razón y piensen que se trata de personas a las que se intenta echar de sus casas, y en la situación actual no se debe consentir, por ello estamos aquí para apoyar a la PAH y evitar que ninguna familia tenga que quedarse sin casa, máxime cuando los bancos tienen tantas viviendas vacías», expresó Navarro. A la concentración también acudieron representantes de las PAH de Valencia y de Xàtiva.
También contaron con el apoyo de la senadora, Dolors Pérez, quien también les acompañó en la protesta. Se comprometió con la PAH a «dar los pasos necesarios para que pare ya esta situación, pero sobre todo en este caso, que afecta a una familia de la Ribera». «Como Estado, por mor del PP hemos rescatado bancos, por tanto debemos exigir que la banca pague sus deudas para que situaciones como la que está sufriendo esta ciudadana no se vuelvan a repetir».
Los representantes municipales, la senadora y Cristina Tarazona, portavoz de la PAH, entregaron un manifiesto y se reunieron con responsables de la entidad financiera en la localidad para intentar llegar a un acuerdo. Las partes se emplazaron a una nueva reunión, a la que está previsto que acudan, además de los políticos, representantes de Servicios Sociales. Los ayuntamientos, a través de la mancomunidad comarcal, estudiarán fórmulas de colaboración.
En el inmueble viven seis personas, entre quienes se encuentran una anciana de 84 años con dependencia, su hijo y nuera, una nieta y dos biznietos de 11 y 3 años de edad. La vivienda era de propiedad familiar. La anciana tenía el usufructo de la casa mientras viviera. «Mi suegra quiere morirse en su casa», explicó la afectada. La octogenaria tiene movilidad reducida, ceguera y numerosas complicaciones de salud. Loren y su marido cuidan de ella. «Ahora mismo vivimos de la pensión de mi suegra, de 636 euros», confesó.
