La adjudicación de las obras del ST-1 se hizo arreglo a ley y según marcaba la LRAU, la norma en vigor, cuando se puso en marcha. Así, lo afirma una sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV y que da la razón al agente urbanizador del PAI, Grupo Sanz, y al Ayuntamiento de Llíria. Este fallo está recurrido ante el TSJ por 13 propietarios afectados por este sector terciario, sin embargo en primera instancia concluye que no procede quitar la condición de agente urganizador a esta compañía porque no ha incumplido sus obligaciones, sino al contrario. El propio Alfonso Sanz, en declaraciones a este diario, afirmó que en esa empresa «estamos hartos de ser los malos de la película», al tiempo que recordó que ha solicitado en enero de 2016 que se saque a exposición pública el plan modificado „que pidió el 29 de junio de 2012 y que está pendiente de ser contestado por el consistorio desde el 1 de junio de 2015„ «para poder acabar la urbanización y concluir el sector». Sanz se mostró decepcionado «con los políticos» de Llíria y con la administración local que ha pecado de «inactividad» en los sucesivos intentos que ha efectuado para acabar el plan desde 2012 hasta 2015. Ahora, dice el alcalde Manolo Civera (PSOE) «tiene buena voluntad» pero las infraestructuras que exigen construir las compañías que tienen que suministrar agua, luz y gas han supuesto un nuevo retraso de las obras y que se encarezca toda la urbanización final en al menos 500.000 euros más. Aún así, «Grupo Sanz está en disposición de acabar las obras pero necesitamos esa solución técnica del consistorio».
